Seis compañías mineras y una de paneles solares de Salta son investigadas por supuesta violación a disposiciones de la cuarentena por el coronavirus.
La decisión la tomó la fiscalía de turno en esa provincia porque no habrían impulsado el regreso a sus hogares de unos 550 empleados, tras la firma del decreto que impuso aislamiento social obligatorio.
Si bien luego prestaron colaboración con recursos y médicos propios, hizo falta la intervención judicial y se organizó un operativo para bajar de las minas a mineros y empleados, hasta localidades como San Antonio de los Cobres y desde allí a la capital salteña.
Algunos de ellos viven en Jujuy. A todos se les realizaron controles médicos.
Para ello se recurrió a la Gendarmería y al Ejército.
Las minas quedaron con guardias mínimas de seguridad.
El fiscal a cargo del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, intervino en la suspensión de las actividades de las empresas mineras porque la actividad no quedó exceptuada en el decreto presidencial que dispuso el aislamiento.
La fiscalía ordenó la suspensión de tareas, traslado a viviendas y diligencias para verificar la salud de los obreros, quienes bajaron de su lugar de trabajo con certificado emitido por el médico de cada empresa.
En su mayoría estaban desde hace 15 días en las minas y hasta el momento ninguno presentó síntomas.
Cada trabajador fue trasladado hacia la capital salteña y desde allí a su domicilio. La tarea se complicó porque hubo aludes en las rutas.
Se trató de un operativo conjunto que implementaron las fiscalías de Salta y Jujuy con Gendarmería y Ejército
En todos los casos se abrieron legajos de investigación por averiguación de infracción a los decretos 260 y 297.
El decreto 260 amplió la emergencia sanitaria y dispuso medidas para contener la propagación.
Posteriormente, el 297, estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo en todo el país.