Al menos tres fiscalías investigan maniobras para provocar aumento de precios en alimentos o artículos de seguridad e higiene durante la pandemia de coronavirus.
Se trata de un delito previsto en el inciso 1 artículo 300 del Código Penal que prevé una pena de seis meses a dos años de prisión a quien “hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado”.
Hasta el momento se abrieron investigaciones preliminares en la ciudad de Buenos Aires, Resistencia y Mar del Plata.
Una investigación preliminar es aquella que inicia por voluntad propia un fiscal cuando sospecha estar ante un delito. Si encuentra elementos de prueba puede formular una denuncia que de lugar a la apertura de una causa judicial penal contra quien resulte sospechoso.
En la ciudad de Buenos Aires, el fiscal federal Federico Delgado recolecta información desde el viernes último sobre una presunta estrategia detectada en redes sociales por parte de las llamadas “granjas de trolls” con falsas noticias viralizadas.
El objetivo habría sido provocar aumento de demanda de productos necesarios en la prevención del Covid-19 y manipular al mercado para un aumento de precios.
Por su parte el fiscal federal de Resistencia, Chaco, Patricio Sabadini junto a su colega de esa provincia Federico Carniel abrieron una preliminar ante publicaciones periodísticas que dieron cuenta de presuntas faltas de mercaderías en mayoristas de productos alimenticios, luego de ser obligados a retrotraer los precios a valores vigentes al 6 de marzo pasado.
Entre las medidas de prueba ya impulsadas hay pedidos de informes al Ministerio de la Industria, Producción y Empleo de Chaco; a la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Municipalidad de Resistencia; y a la AFIP Regional Resistencia
En Mar del Plata, por último, el fiscal general Daniel Adler abrió una investigación preliminar porque se hizo eco de un centenar de denuncias recibidas en una organización de Defensa del Consumidor local por “afectación a la cadena de distribución y comercialización” de elementos esenciales y de primera necesidad ante la emergencia sanitaria declarada.