La pandemia de coronavirus obligó a implementar nuevos métodos de trabajo, impensables para la Justicia en Argentina pre Covid 19. En diciembre de 2019, términos como Zoom o Jitsi Meet eran casi desconocidos en Tribunales. Hoy son palabra corriente .Algunos cambios tecnológicos asomaban lento, con resistencia, con funcionarios judiciales aferrados a la tradición del papel y el hilo de los expedientes, con contenedores llenos de causas judiciales, estantes abarrotados y largas filas en ascensores y ventanillas de entrada a los juzgados.
Los traslados de detenidos y sus largas esperas en alcaidías hacinadas para prestar declaración o realizar cualquier trámite ante un juez o fiscal parecen haber quedado en el olvido También las escenas de niños jugando en pasillos oscuros mientras esperaban junto a familiares para conocer la suerte de algún pariente preso.
Por lo pronto, este verano, todos los tribunales de feria acataron la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de priorizar el trabajo remoto para enero. Alza de contagios mediante, nada parece que vaya a cambiar en el reinicio judicial de febrero.
Teletrabajo
En marzo de 2020 comenzó el ” Aislamiento social preventivo y obligatorio” y la Justicia entró en feria extraordinaria. Tras un inicio accidentado, se implementaron sistemas de teletrabajo que vaciaron los juzgados, algo que sigue vigente hasta la fecha. A mediados de año y de manera inédita se suspendió la feria judicial de julio. Al compás de la puesta en marcha de plataformas virtuales para audiencias y juicios y el expediente digital al través del sistema Lex100, el teletrabajo -al menos por ahora- llegó para quedarse.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a evitar al máximo la vuelta física
Los edificios judiciales quedaron semidesiertos: los empleados y funcionarios se turnan para ir en persona, los acuerdos de tribunales colegiados se realizan por Zoom, los fallos se firman de manera digital. Los grupos de WhatsApp son indispensables.
Juicios orales
Hasta febrero de 2020, para ingresar a un juicio oral el público debía presentarse mucho antes, anotarse en la mesa de entradas del Tribunal en cuestión, hacer fila…los periodistas tenían su lugar asignado, se disponía personal judicial y policial para organizar los operativos. Había pasillos y salas de audiencia colmadas.
La pandemia derivó en la suspensión de todos los debates. Meses después el Consejo de la Magistratura puso a disposición plataformas virtuales que consideró seguras y por primera vez, los jueces aceptaron innovar en la materia. Hubo reclamos, demoras, peleas por escrito y ensayos fallidos.
El 2020 terminó con todos los juicios orales de manera virtual o semipresencial, con veredictos leídos en videoconferecia por Zoom y trasmitidos por Youtube. Con acusados sigiuendo las alternativas de los debates desde las cárceles o sus casas. Así terminaro el juicio por el atentado a la AMIA, a la banda de narcotraficantes liderada por Marco Estrada González y entraron en su etapa final otros como el que se sigue a Lázaro Báez por lavado de dinero.
La modalidad se trasladó a las declaraciones indagatorias en las causas penales, federales u ordinarias.
Por el momento todo indica que al menos el primer semestre de 2021 no arrojará grandes cambios. La mayor parte de los juicios orales que transcurrieron de manera virtual en el 2020 seguirán su curso con esta modalidad, al igual que los que tienen inicio previsto para febrero-marzo de 2021.
Delitos en Pandemia
Fueros federales de todo el país lidiaron con infractores al aislamiento obligatorio y con acusados de propagar el coronavirus. Se abrieron causas -muchas aún en trámite- por delitos que en sus casos más graves prevén hasta 15 años de prisión. Se pactaron “probation”, suspensión del juicio a prueba, y donaciones de insumos en los casos más leves.
En otros, como el contagio masivo en un cumpleaños de 15, o los ocurridos en Chaco por incumplimiento del aislamiento al regresar del exterior los acusados van camino a juicio oral.
Muchas investigaciones involucran a geriátricos, por contagios masivos a raíz del incumplimiento de protocolos. Los varados en el exterior también fueron motivo de intervención judicial, hubo rechazos de habeas corpus y órdenes para que el Estado se haga cargo de gastos.
A nivel interno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino para resolver la situación de miles de formoseños impedidos de ingresar a su provincia.