Un Tribunal de Apelaciones rechazó habilitar la feria judicial de enero para resolver una medida cautelar reclamada por una asociación civil ante la situación de 65 grandes simios que permanecen en situación de cautiverio en un laboratorio de un centro médico privado, en un subsuelo del barrio porteño de Saavedra y que fueron utilizados para diversos experimentos hasta 2017.

Los monos -considerados “primates no humanos”- permanecen en el subsuelo de la institución a la espera de ser trasladados a santuarios o ecoparques.

Readecuar el lugar

La Asociación Civil “Santuario Jaulas Vacías” presentó un amparo y requirió dictar una medida cautelar para que mientras se resuelve el destino de los monos se readecue el lugar para mejorar sus condiciones de vida. 

Esta última fue rechazada por la justicia de primera instancia y esa decisión se apeló ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que acaba de negarse a habilitar la feria judicial de enero, por lo cual habrá que esperar hasta febrero.

La  acción de amparo se promovió contra el centro médico y el Estado Nacional “por conductas y omisiones contrarias a los derechos fundamentales de los grandes simios cautivos en el laboratorio de la asociación civil mencionada”, según la denuncia.

Se manifestó que “se encontraban en cautiverio aproximadamente sesenta y cinco primates no humanos, los cuales —según informó dicha institución— habían sido utilizados para diversos experimentos hasta 2017 y serían cuidados por especialistas hasta tanto se realizara su derivación a “ecoparques” o “santuarios””

” En su presentación, relató que el instituto demandado había brindado información contradictoria sobre las actividades desarrolladas en su bioterio ante un requerimiento de acceso a la información pública y que ello generaba incertidumbre sobre el estado psicofísico actual de los primates, así como sobre las secuelas que pudieran padecer frente a su traslado“, resume la resolución judicial

En la demanda se involucra al Estado Nacional porque podría haber “omisión del ex Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien debía velar por los derechos de los primates cautivos, respecto de los cuales se ejercía una privación contraria a la ley 14.346, que establece el deber de evitar todo maltrato y crueldad a los demás animales”

Medida cautelar

La medida cautelar busca disponer “la readecuación del recinto donde se encuentran estos simios a fin de garantizar las condiciones para el goce de sus derechos a la vida, la salud física y psíquica adecuadas a su especie, hasta tanto se haga efectivo su traslado a un santuario local o extranjero”. 

 Asimismo, en atención de los derechos involucrados, se entendió que debía disponerse “el traslado al Centro de Conservación Aguara Rogá, en razón de su vasta experiencia en la promoción de derechos fundamentales en grandes simios y otros animales silvestres” o, en su defecto, a un santuario que permitiese la preservación de sus derechos fundamentales.

El 5 de noviembre de 2024 un juez de primera instancia  rechazó la medida cautelar porque coincide con el planteo de fondo que debe ser resuelto por “vía sumarísima” con lo cual se descarta “la existencia de un perjuicio irreparable”

Esta decisión está apelada y los camaristas de feria Marcelo Duffy, Rogelio Vincenti y Jorge Morán rechazaron habilitar la feria judicial porque no hay razones de urgencia que justifiquen sustraer el asunto de sus jueces naturales.

Protección a los animales

La Asociación pide además exhortar al  Congreso de la Nación” a tratar de manera prioritaria aquellos proyectos legislativos referidos a la prohibición de experimentación en animales y a su tipificación como acto de maltrato y crueldad”

Al pedir resolver el tema en feria judicial, la Asociación advirtió por la “hipervulnerabilidad” en que se encuentran los primates y añadió que cada día que transcurre es decisivo, ya que una demora prolongada podía traducirse en “el fallecimiento o en trastornos irreversibles a la salud de estos animales no humanos”.

Los demandados informaron a la Justicia que hay un “plan de desmantelamiento en curso, acreditado en la contestación de los informes de las leyes 16.986 y 26.854” y eso “lleva a la convicción de que es posible esperar a que culmine la feria judicial sin sustraer el asunto de sus jueces naturales”, concluye el fallo judicial

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