Un tribunal de apelaciones condenó a la empresa YPF a pagar una indemnización a las propietarias de una casa por los daños ocasionados por obras relacionadas con la instalación de un gasoducto.
El fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de General Roca, en Río Negro, dio relevancia a las pruebas periciales realizadas en el marco de la demanda contra la empresa.
El caso
Una casa ubicada en la zona de chacras de Allen sufrió las consecuencias de la instalación de un gasoducto.
El caño se instaló a tres metros de profundidad desde la Estación EFO hasta el gasoducto troncal de Fernández Oro. Parte del zanjeo se hizo sobre la casa, cerca de la acequia de riego.
Las obras duraron dos años, lo que impidió habitar la vivienda. El tránsito de camiones, el polvo y el ruido dificultaron el acceso a la chacra.
En el expediente judicial, peritos confirmaron la existencia de fisuras en la construcción, originadas por las vibraciones generadas por las obras del gasoducto.
Actividad riesgosa
Un fallo de primera instancia condenó a YPF por el desarrollo de una “actividad riesgosa”
Ordenó la indemnización por la reparación de la vivienda y los daños ocasionados.
La empresa multinacional apeló la sentencia al cuestionar las pericias realizadas y la legitimación de las mujeres que iniciaron el reclamo.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil de Roca resolvió confirmar la sentencia de primera instancia por los daños sufridos en la propiedad a raíz de las obras ejecutadas.
Pericias clave
Los jueces consideraron debidamente fundamentado el análisis de las pruebas. Remarcaron la relevancia a las pericias técnicas ambiental, agronómica y arquitectónica.
Estas permitieron acreditar que las obras ejecutadas por YPF provocaron daños en la vivienda y en las instalaciones productivas.
Se tuvo en cuenta que “la maquinaria operó a distancias mucho menores de las previstas en los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa”
Las conclusiones técnicas fueron respaldadas por fotografías, testimonios y el contexto fáctico.
Antes de la instancia judicial, la firma ofreció un acuerdo indemnizatorio, que incluía la renuncia a reclamar judicialmente y la conformidad con las tareas en ejecución, pero la familia rechazó el acuerdo.