El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, manifestó su “profunda preocupación” ante el Proyecto de Ley que suprime el Ministerio Publico de la Defensa, la Defensoría General y la defensa pública integral.
Se trata del Proyecto de Ley Nro. 561 enviado a la Legislatura Provincial, que propone modificaciones a la Ley N° 1600 (y modificatorias) de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz.
“La gravedad institucional y el retroceso que representaría avanzar en la eliminación de la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, resulta inadmisible e inconstitucional en el marco de lo dispuesto por los arts. 6 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz”, advierte el Consejo en un comunicado.
Ese artículo establece expresamente que en ningún caso podrán las autoridades de la Provincia, suspender la observancia de esa Constitución ni de la Nacional, ni la efectividad de las garantías y derechos establecidos en ambas, como así también lo establecido por la propia Constitución Nacional.
Autarquía de la defensa pública
El Consejo remarcó que la Constitución “no sólo asegura el derecho a la defensa en juicio desde su texto histórico, sino que además desde la reforma constitucional del año 1994 establece en el artículo 120 la autonomía y autarquía de la defensa pública, consolidando al Ministerio Público de la Defensa como un órgano independiente”.
“Asimismo, debido a lo establecido por el artículo 5 de la Constitución Nacional conforme al cual las provincias deben darse su sistema de administración de justicia respetando las bases del texto constitucional, entendemos que las provincias deben dotar de institucionalidad a la defensa pública y asegurar su autonomía y autarquía”, advierte el comunicado.
“La pretendida reforma también vulnera los principios del sistema acusatorio adversarial, obstaculizando la labor profesional de los/as defensores/as públicos/as, cuyo rol resulta fundamental para garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa, especialmente de personas en situación de vulnerabilidad”
En tal sentido, la Defensa Pública remarcó que “desempeña una labor esencial en la protección de un amplio espectro de derechos humanos, brindando asistencia y representación a pueblos originarios, personas privadas de su libertad, niños, niñas y adolescentes, personas con padecimientos mentales, víctimas de violencia de género, víctimas de hechos de inseguridad y de violencia institucional, entre otros colectivos”
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos ha reconocido expresamente la gran importancia de la labor de la Defensa Pública, a través de diversas Resoluciones.
“El Consejo Federal reafirma en consecuencia y por todo ello, su pleno apoyo a la Defensa Pública de la provincia de Santa Cruz y solicita a las autoridades locales del Poder Ejecutivo, se extreme el diálogo y la prudencia, y se deje sin efecto la presentación del proyecto de ley Nro. 561, como así también el cese de todo accionar que obstaculice el pleno desempeño de las funciones constitucionales, ejercidas por la Defensora General y los distintos Defensores/as Públicos/as, solicitando el respeto irrestricto de su labor y función autónoma”
Comunicado