Un fallo condenó a un banco y a una compañía de seguros a indemnizar a una mujer a la que la entidad crediticia le descontó de su cuenta montos por un seguro que no había contratado.  

La demanda fue iniciada por una mujer que vive en la ciudad de Sierra Grande en la provincia de Río Negro. Detectó descuentos automáticos no autorizados en su cuenta bancaria bajo el concepto de un seguro que no había contratado.

Al no obtener respuestas de la entidad bancaria, la clienta decidió presentar una demanda de menor cuantía ante el Juzgado de Paz de Sierra Grande.

Según el expediente, la mujer era titular de una cuenta en el Banco Patagonia desde hacía más de tres años y, en determinado momento, notó débitos bajo el concepto “débito automático METLIFE”.

Según su testimonio, nunca contrató voluntaria ni conscientemente ese seguro. Al advertir los cobros, se presentó en la sucursal del banco para reclamar.

Desde la entidad le informaron que darían de baja el servicio, pero los descuentos continuaron. También solicitó un detalle de los movimientos, que no le fue entregado.

El banco aportó los resúmenes bancarios donde constaban los débitos, pero el juzgado entendió que eso no acreditaba una contratación válida.

Deber de información y trato digno

En el análisis del caso se aplicaron normas constitucionales, artículos del Código Civil y Comercial, y de la Ley de Defensa del Consumidor, que establecen “deberes de información clara, trato digno y buena fe en las relaciones de consumo”

La sentencia señaló que este tipo de situaciones ocurre con frecuencia en distintas jurisdicciones y recordó que la Defensoría del Pueblo promovió acciones ante prácticas similares.

Desgaste del cliente

La justicia advirtió que los canales virtuales y telefónicos no ofrecieron soluciones eficaces, lo que provocó un “desgaste innecesario” para la mujer.

La jueza de Paz de Sierra Grande concluyó que Banco Patagonia y METLIFE incumplieron los deberes legales a su cargo y ordenó que ambas deben responder solidariamente.

Deberán abonar 56.895,48 pesos por daño directo, 250.000 pesos por daño extrapatrimonial y 250.000 pesos por daño punitivo, según consignó la justicia.

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