Diez personas acusadas de integrar una asociación ilícita irán a juicio por estafas reiteradas cometidas a través de empresas dedicadas a la construcción de viviendas prefabricadas.
Los hechos involucran a más de 30 víctimas de Córdoba y otras provincias, inducidas a error para entregar sumas millonarias en efectivo, transferencias de dinero u otros bienes de carácter patrimonial, sin recibir las obras prometidas o con construcciones defectuosas e inconclusas, generando ganancias ilegítimas indeterminadas para la organización.
El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio dispuesto por la Fiscalía contra los acusados
El juez Gustavo Hidalgo rechazó la oposición a la elevación a juicio planteada por la defensa de dos de los imputados y denegó el cese de prisión preventiva para el supuesto jefe de la organización.
El magistrado destacó la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad de los hechos y el pronóstico punitivo.
Según la acusación, los imputados conformaron “una organización criminal destinada a cometer delitos contra la propiedad, que operaba bajo distintos nombres comerciales como Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista”.
Las maniobras
Mediante un discurso engañoso difundido en redes sociales, páginas web y contratos ficticios prometían construcciones en seco con plazos reducidos y pagos por avance de obra; pero incumplían sistemáticamente y usaban excusas para exigir pagos adicionales y adendas que agravaban el perjuicio.
Los roles
La estructura de la organización evidenciaba roles definidos: un jefe que lideraba y negociaba directamente con las víctimas; un organizador encargado de coordinar tareas y excusas; y otros miembros que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en maniobras específicas.
Se les atribuye haber utilizado “renders irreales, fotos de obras ajenas y referencias falsas para captar clientes”.
La prueba de cargo permitió alcanzar el grado de probabilidad requerido para elevar la causa a juicio, entre los que se destacan testimonios de ex empleados de la organización, mensajes de texto de los imputados y evidencias de los ardides que utilizaban.