La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal habilitó la feria judicial para tratar la ampliación de una medida cautelar solicitada por un joven con discapacidad que padece distrofia muscular de Duchenne y reclama cobertura integral de transporte y prestaciones de salud por parte del Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad.
Se trata de un joven que necesita contar con traslados adecuados para poder continuar con sus tratamientos médicos, su educación y la práctica de fútbol en silla de ruedas, una actividad deportiva que realiza de manera regular y que forma parte de su proceso de rehabilitación e inclusión.
La decisión fue adoptada por la Sala de Feria A, que revocó el rechazo dictado en primera instancia y sostuvo que las prestaciones reclamadas “comprometen el derecho a la salud del amparista y no admiten mayores demoras”
El joven solicitó que se ordene la cobertura inmediata al 100% del transporte desde su domicilio, ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero, hacia los distintos lugares donde asiste a terapias, instituciones educativas y espacios deportivos.
Entre ellos, mencionó sedes donde practica fútbol adaptado en silla de ruedas, además de centros de rehabilitación y estudio.
En primera instancia, el juez de turno había rechazado la habilitación de la feria al considerar que no se trataba de una cuestión urgente y que el pedido tenía un carácter patrimonial.
Esa decisión fue apelada por el actor, quien explicó que la enfermedad que padece es progresiva y de carácter grave, con un impacto directo en su movilidad y en sus funciones respiratorias.
Servicio de transporte necesario
En su presentación, destacó que la médica tratante indicó que la kinesiología motora y respiratoria resulta indispensable para evitar un mayor deterioro de su estado de salud y reducir el riesgo de internaciones.
También advirtió que, sin el servicio de transporte, se ve impedido de concurrir tanto a las terapias como a la escuela y a los entrenamientos de fútbol, una actividad clave para su desarrollo personal y su calidad de vida.
“La falta de transporte lo deja directamente excluido de sus tratamientos y de sus actividades cotidianas”, sostuvo el representante del joven, al tiempo que remarcó que su familia no cuenta con los recursos económicos necesarios para afrontar esos gastos.
Al analizar el caso, la Cámara recordó que la actuación judicial durante la feria está reservada a situaciones que no admiten demora y en las que el paso del tiempo puede causar un daño irreparable.
En ese sentido, consideró acreditada la urgencia y subrayó que se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
Los jueces Fernando Uriarte, Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier destacaron que las prestaciones solicitadas —transporte, kinesiología, cama ortopédica y silla postural— se vinculan de manera directa con el derecho a la salud, protegido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.