El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzo esta semana la Segunda Encuesta de Acceso a Justicia, un estudio institucional orientado a relevar las percepciones, experiencias y necesidades jurídicas de la ciudadanía en relación con el sistema de justicia local.
La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Administración y Presupuesto, a través de la coordinación general de la Dirección de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU) y forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer el acceso a justicia como política judicial basada en evidencia.
El relevamiento constituye la primera actualización integral a más de diez años del estudio de percepción ciudadana realizado en 2014, e incorporará al diagnóstico los cambios institucionales, sociales, culturales y tecnológicos que atravesaron al Poder Judicial y a la sociedad en este período.
En este sentido, el estudio se proyecta como un insumo clave para el fortalecimiento de las políticas de acceso a justicia, la planificación estratégica del Poder Judicial, el desarrollo de herramientas institucionales sustentadas en datos empíricos y la consolidación de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y la accesibilidad.
El objetivo principal de la encuesta es generar evidencia empírica que permita conocer las percepciones ciudadanas sobre el sistema de justicia, identificar barreras de acceso, tanto materiales como simbólicas,, relevar necesidades jurídicas insatisfechas y analizar el grado de conocimiento, confianza y vinculación de la ciudadanía con las instituciones judiciales.
Asimismo, se propone fortalecer el diseño, implementación y evaluación de políticas judiciales con enfoque de derechos y accesibilidad.
La secretaria de Administración General y Presupuesto, Genoveva Ferrero, resaltó la iniciativa en el marco de “entender que espera hoy la ciudadanía de la Justicia, de cara a los desafíos enormes que hay por delante”.
“La idea es tener una foto clara de cómo está hoy la Ciudad en materia de acceso a la justicia para poder ajustar lo que haya que ajustar de cara a los desafíos que vienen” valoró Ferrero.
En ese sentido, expresó: “Si sabemos qué barreras encuentran los ciudadanos y qué cosas valoran del sistema, podemos mejorar el acceso a la justicia en las materias en las que hoy tenemos competencia, como contravencional, penal, consumo o lo contencioso administrativo”.
Cómo será el relevamiento
Entre las características técnicas de la misma se destaca que el relevamiento se hará de manera presencial mediante un cuestionario estructurado a residentes de la CABA y se prevé un tamaño muestral mínimo de 2.200 casos, que permitirá construir un mapa actualizado de percepciones sobre la justicia, identificar niveles de accesibilidad a los servicios judiciales y detectar barreras y facilitadores en el ejercicio de derechos.
La misma se estructurará en cuatro ejes: Cultura legal y percepción de la justicia; Confianza y conocimiento del sistema judicial; Accesibilidad al sistema de justicia; e Información y conocimiento de los recursos disponibles.
Por su parte, la directora de Participación Ciudadana, Acceso a Justicia y Derechos Universales (PAJDU), Jessica Malegarie, afirmó: “Queremos entender cuál fue la experiencia concreta de las personas cuando tuvieron que recurrir a la justicia: qué barreras encontraron, cuánto tiempo demoraron los trámites y cuánto conocían sobre sus derechos en ese proceso”. Y agregó: “No se trata solamente de conocer opiniones, sino de recuperar información que muchas veces el propio Poder Judicial no tiene sobre cómo viven las personas su contacto con la justicia y eso es lo que buscamos: entender si las personas saben a dónde recurrir cuando tienen un problema, qué instituciones conocen y qué tipo de respuestas esperan del sistema judicial”.
En ese sentido, la secretaria de Coordinación de Políticas Judiciales del Consejo, Gisela Candarle, resaltó: “Pasaron más de diez años desde la realización de la primera encuesta que relevó las percepciones de los habitantes de la Ciudad sobre su vínculo con el sistema de Justicia y desde entonces, gran parte de las políticas públicas destinadas a fortalecer el acceso a justicia se han diseñado e implementado a partir de la información obtenida en ese estudio”.
Y agregó: “Desde la Oficina de Acceso a la Justicia, a cargo de Eugenia Redondo, consideramos fundamental evaluar el impacto de ese trabajo dado que medir resultados nos permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos, optimizar recursos y mejorar nuestras prácticas, asegurando que los nuevos desafíos respondan a las necesidades y experiencias de la ciudadanía”.