Un juzgado de Familia de Bariloche resolvió avanzar con la ejecución de un convenio por deuda alimentaria y dispuso una batería de medidas para identificar bienes, cuentas e ingresos del deudor.
El monto reclamado asciende a 1,5 millones de pesos, al que se sumarán los intereses correspondientes.
La decisión se adoptó a través de un proceso que permite acelerar este tipo de reclamos cuando existe una obligación previa acreditada.
La jueza consideró cumplidos los requisitos formales y habilitó la ejecución por el capital adeudado, con intereses que se liquidarán según las tasas del Superior Tribunal de Justicia.
En el marco de la causa, también se ordenó abrir una cuenta judicial en el Banco Patagonia, donde deberán depositarse los fondos que se obtengan durante el trámite de ejecución.
Para avanzar en el cobro, la Unidad Procesal de Familia libró oficios a distintos organismos con el objetivo de reconstruir la situación patrimonial del progenitor.
Medidas ordenadas
Entre otras medidas, solicitó informes al Registro de la Propiedad Automotor y al Registro de la Propiedad Inmueble para verificar si posee bienes registrables.
Asimismo, requirió datos a la Agencia de Recaudación para determinar su situación laboral y tributaria, incluyendo si trabaja en relación de dependencia o está inscripto en el régimen simplificado. En caso de contar con empleo, se deberá informar el empleador; y si es monotributista, su categoría e ingresos.
En paralelo, se pidió información al Banco Central para detectar posibles cuentas bancarias a su nombre y a una plataforma de comercio electrónico para establecer si desarrolla actividad económica por esa vía.
El objetivo es identificar fuentes de ingresos o activos sobre los que se pueda avanzar para garantizar el cumplimiento de la obligación.
El deudor tiene un plazo de cinco días para cancelar la deuda o presentar las defensas previstas por la ley. De no hacerlo, el proceso seguirá adelante con medidas de ejecución que permiten afectar bienes o ingresos para concretar el cobro.
Este tipo de procedimientos se activa ante el incumplimiento de acuerdos alimentarios.
En ese contexto, los juzgados de Familia no solo intervienen para homologar convenios o fijar cuotas, sino que también cuentan con herramientas para ejecutar sus decisiones y asegurar su cumplimiento, incluyendo investigaciones patrimoniales y requerimientos de información a organismos públicos y privados