El integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación y representante de los abogados en el cuerpo, Alberto Maques, presentó un proyecto para que se garantice el cumplimiento de la ley de honorarios profesionales para los letrados, procuradores y auxiliares de la justicia.
El Proyecto insta a todos los magistrados del Poder Judicial a observar y aplicar estrictamente las disposiciones de la ley 27.423 de Honorarios Profesionales de Abogados y Procuradores y Auxiliares de la Justicia.
También exhorta a los jueces a fundamentar debidamente las regulaciones de honorarios, “evitando valoraciones arbitrarias” o que “se aparten sin justa causa de los mínimos legales, sobre todo teniendo muy presente la extensión y duración de los procesos hasta el dictado de la sentencia”.
El Proyecto reivindica el derecho de los profesionales a percibir una retribución justa y equitativa por su labor.
Maques señaló que el incumplimiento o la inaplicación de las leyes arancelarias genera “una marcada inseguridad jurídica, precariza el ejercicio profesional y menoscaba la dignidad de la labor de los abogados y procuradores, impactando negativamente en la prestación del servicio de justicia”
El Consejo de la Magistratura de la Nación es el órgano encargado de velar por el respeto irrestricto de las leyes vigentes.
Y le recordó a los magistrados y funcionarios judiciales su “deber de aplicar la normativa vigente en materia de honorarios, evitando interpretaciones restrictivas o discrecionales que desvirtúen el espíritu y letra de la ley”
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Es una señal necesaria y urgente por parte del Consejo. La Ley 27.423 fue un avance legislativo claro para proteger el carácter alimentario de los honorarios, pero en la práctica vemos cómo las regulaciones ‘perforan’ sistemáticamente los mínimos legales bajo criterios de discrecionalidad mal entendida. Que se exija a los magistrados fundamentar rigurosamente por qué se apartan de la escala legal no es solo un tema económico, es una cuestión de seguridad jurídica y de respeto a la dignidad del abogado como auxiliar esencial de la justicia. Sin honorarios justos y previsibles, se precariza el litigio y, en última instancia, se afecta el servicio al justiciable.