La Cámara Federal de La Plata confirmó la sentencia que condena al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Avellaneda, Aguas Argentinas y particulares a indemnizar a familiares de víctimas de la tragedia ocurrida en Avellaneda el 27 de septiembre de 1993, cuando siete personas fallecieron tras inhalar ácido cianhídrico que salió por la rejilla de una casa
Ese día hubo siete fallecimientos -los habitantes de la vivienda y un equipo médico de emergencias que llegó a lugar y entró a auxiliarlos-. Se los recuerda cada 27 de septiembre en el “Día Nacional de la Conciencia Ambiental”
El hecho ocurrió en 1993, cuando –según determinó la Justicia– el vertido de sustancias tóxicas a la red cloacal por parte de la empresa Transporte García S.R.L. y un establecimiento dirigido por otro acusado Manuel Sánchez generó ácido cianhídrico en concentraciones letales.
Ese gas ingresó al inmueble de calle 25 de Mayo 319, en Avellaneda
Un juicio de tres décadas
La Cámara Federal de La Plata confirmó la condena a indemnizar a familiares de una de las víctimas. “Tengo por acreditado que, a partir del vertido de sustancias tóxicas a la red cloacal por parte de la empresa Transporte García S.R.L. y el establecimiento dirigido por el codemandado Manuel Sánchez, se generó ácido cianhídrico en concentraciones letales (…) donde se produjo el deceso de, entre otras personas, la Dra. Otero”
La sentencia responsabilizó en forma concurrente a distintos demandados. Según el voto del juez Carlos Vallefín, “el 30% de la responsabilidad corresponde a la Municipalidad de Avellaneda por haber incumplido su deber de policía al no controlar adecuadamente los locales cuya habilitación había promovido la Provincia”.
Además, se adjudicó un 15% al Estado Nacional y otro 15% a la Provincia de Buenos Aires por su inacción, mientras que Aguas Argentinas deberá responder por el 5% restante, ya que “resultaba razonable exigirle prever un sistema que alerte sobre la existencia de materiales o gases tóxicos en la red cloacal”.
Familiares indemnizados
Los fallecimientos fueron “de forma instantánea al ingresar al inmueble debido a la inhalación de gases tóxicos generados a raíz de la reacción química entre ácido cianhídrico y otras sustancias provenientes de la red cloacal”.
Tras más de tres décadas de litigio, la Cámara Federal confirmó la responsabilidad compartida de organismos públicos, privados y aseguradoras
La sentencia fue firmada por los jueces Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias
Qué pasó en 1993
El mediodía del 27 de septiembre de 1993, Manuel Guim y su esposa María Ángela se sintieron mal dentro de su casa en Avellaneda. Entonces le pidieron a su hijo Horacio que fuera a la vivienda a asistirlos. El llegó con su esposa, Rosa. Y llamó a un servicio de emergencias: llegaron la médica Viviana Otero, el enfermero Orlando Cáceres y el camillero Roberto Voytezko.
Sin saber qué pasaba, murieron, todos en pocos minutos por inhalación del gas letal que salía de la rejilla de la casa.
Un primer juicio por otras víctimas terminó años atrás con las mismas condenas pro cerrado con un acuerdo transaccional.