El caso se inició a partir de la denuncia de un grupo de docentes de nivel inicial de una escuela pública del barrio de Boedo, en la ciudad de Buenos Aires.
Las maestras comentaron que detectaron consumos reiterados y desmedidos a través de sus tarjetas de débito y crédito, situación que resultó común a varias de ellas: desde apuestas online a compra de pasajes.
En la denuncia referían un patrón común dado por algunos de los lugares donde se realizaron consumos, que eran los mismos en todos los casos.
Se pusieron de acuerdo y presentaron una denuncia que quedó a cargo de la fiscalía porteña especializada en Ciberfraudes, cuyo titular es el fiscal Miguel Ángel Kessler.
105 compras: desde juegos online a pasajes de avión
El fiscal Kessler instruyó la investigación para reconstruir el rastro de las operaciones ilícitas, delegando tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad
De esta manera, se recolectaron testimonios que permitieron establecer 105 compras realizadas, entre ellas comercios con locales a la calle, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras por un total de $3.688.287,67.
Se realizó un análisis de cada una de las denuncias y se solicitó información a las entidades bancarias correspondientes a las víctimas, con el fin de ampliar el examen sobre las transacciones desconocidas. También se realizó un mapeo de los comercios que permitió verificar la cercanía.
Así se logró dar en una de las plataformas de juego online con unas cuentas bancarias asociadas a 2 personas que resultaron ser los padres de la maestra sospechosa.
En esta plataforma, no solo cargaron dinero en una cuenta, sino que incluso lo multiplicaron para luego extraerlos a cuentas de su control y titularidad.
Se estableció a partir de la Dirección Nacional de Migraciones que la acusada viajó a Europa sin regresar hasta el día de la fecha.
Recupero del dinero
Con la identidad de los involucrados en la defraudación, la Fiscalía imputó al padre de la persona apuntada en principio por las víctimas –una docente curricular que se encontraba realizando una suplencia-, por el delito de defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal.
Tras reconocer su culpabilidad en los hechos, el padre acordó con la fiscalía un Acuerdo de Autocomposición, a través del cual se pudo restituir todo el dinero defraudado de los 22 hechos en que él estuvo involucrado, más los intereses a las denunciantes que ascendió a más de $1.200.000.
Finalmente, respecto de la docente implicada en la defraudación la fiscalía realizó el pedido de captura internacional.