La Justicia confirmó la prisión preventiva de un hombre acusado de haber encerrado durante dos semanas a su pareja y a una niña de 11 años en una habitación del departamento en que vivían, sin dejarlas salir ni para ir al baño como así tampoco comunicarse con nadie. El caso es investigado como un secuestro en un contexto de violencia de género.
La Cámara Federal porteña acaba de rechazar un pedido de libertad y el agresor seguirá detenido con prisión preventiva con un embargo por dos millones de pesos.
La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal al rechazar el planteo de la defensa oficial, que había solicitado la excarcelación al considerar que no existían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Los jueces concluyeron que persisten los peligros procesales.
Fin de año encerradas
Según surge del expediente, el hombre está acusado de haber privado de la libertad a las víctimas entre el 31 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026, manteniéndolas encerradas en una habitación de un departamento en la ciudad de Buenos Aires, bajo su control y sin posibilidad de salir por sus propios medios. Ni siquiera las dejó salir para ir al baño y debían usar botellas y recipientes.
Además restringía el contacto con terceros, mientras ejercía violencia física y verbal reiterada.
El fallo describe que la mujer sufrió golpes que le provocaron lesiones visibles, además de un estado permanente de temor y sometimiento. En el caso de la menor, se le atribuyen episodios de violencia que incluyeron insultos y agresiones físicas mientras permanecía encerrada junto a la víctima adulta.
Los hechos cesaron tras un allanamiento realizado el 14 de enero, cuando las víctimas fueron rescatadas ante la denuncia de un familiar. Además, el acusado habría enviado mensajes intimidatorios a una tercera persona, a quien amenazó para impedir que continuara buscándolas.
Riesgos procesales y violación de restricciones
Al confirmar la prisión preventiva, los jueces consideraron relevante que incumplió una prohibición judicial de acercamiento. Según el fallo, tras ser notificado de esa restricción se presentó en el domicilio de la mujer con la intención de contactarla y se retiró ante la llegada de la policía.
Para el tribunal, ese comportamiento evidenció un riesgo concreto tanto para la integridad de las víctimas como para el avance del proceso. También se valoró que durante un procedimiento el acusado afirmó que su teléfono celular había sido robado, aunque luego fue hallado encendido debajo de una cama, lo que fue interpretado como un posible intento de entorpecer la investigación.
En ese contexto, la Cámara entendió que la prisión preventiva es, por ahora, la única medida capaz de garantizar el desarrollo del proceso judicial y la protección de las víctimas.
La investigación está a cargo de la jueza federal de CABA María Eugenia Capuchetti.