El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia encendió una señal de alarma sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un informe titulado “La industria del juicio. El Estado Nacional como la mayor fábrica de litigios del país”, la entidad sostiene que el Máximo Tribunal enfrenta un nivel récord de causas impulsadas principalmente por el propio Estado, con eje en los reclamos previsionales.
Según el trabajo, en 2024 ingresaron 45.678 recursos ante la Corte, lo que representa un 41% más que en 2023. Más de la mitad de esos expedientes (56%) fueron promovidos por el sector público, con un rol dominante de la Administración Nacional de la Seguridad Social que apela hasta esa instancia todas las sentencias por demandas de jubilados y pensionados que le son adversas.
ANSES, el principal motor de litigios
El informe detalla que ANSES explica el 91,6% del conflicto judicial del Estado, porcentaje que asciende al 94% si se incluyen los regímenes previsionales militares.
En términos de magnitud, FORES subraya un dato elocuente:
“Los recursos de ANSES ante la Corte Suprema en 2024 equivalen al total de recursos de todos los justiciables en 2019”.
“Parece existir una política pública orientada a trasladar costos temporales y económicos al justiciable y al Poder Judicial y diferir los pagos a los gobiernos posteriores”.
Riesgo de desborde institucional
El documento advierte sobre un virtual colapso operativo del tribunal. Entre 2020 y 2024 ingresaron casi 150.000 causas, pero solo se resolvieron unas 87.000, lo que evidencia una brecha creciente entre ingresos y capacidad de respuesta.
Según FORES, este fenómeno ya está afectando el rol institucional de la Corte: “El Tribunal está siendo progresivamente desdibujado en su rol constitucional (…) para convertirse, de hecho, en un revisor de expedientes administrativos masivos”.
La entidad sostiene que esta sobrecarga no solo retrasa decisiones clave, sino que también distorsiona la función del tribunal como intérprete final de la Constitución.
Impacto económico: deuda previsional y “pasivo oculto”
El informe también pone el foco en las consecuencias fiscales. El pasivo previsional acumulado —calculado sobre presupuestos entre 2022 y 2026— ya supera los $3,1 billones, equivalentes a unos 2.170 millones de dólares.
Pero el dato más preocupante, según FORES, es el denominado “pasivo oculto”: unas 62.000 causas pendientes, que representan compromisos futuros que el Estado deberá afrontar.
“El flujo de ingreso de causas supera ampliamente la capacidad humana y material de la Corte Suprema”, advierte el trabajo.
Propuesta: cambiar el modelo
Frente a este escenario, FORES propone un cambio de paradigma hacia un “Estado resolutivo”, que desaliente la litigiosidad masiva —especialmente en materia previsional— y evite que los conflictos escalen sistemáticamente hasta la Corte.
La entidad ya había alertado en enero sobre el impacto institucional de este fenómeno y ahora refuerza su diagnóstico: sin reformas, la acumulación de causas no solo compromete el funcionamiento del tribunal, sino también la sostenibilidad de las cuentas públicas y la confianza en el sistema judicial.
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