Una empleada que conservaba acceso al sistema informático de la empresa donde trabajaba descargó una grabación de una conversación privada entre el socio gerente y una compañera, la pasó a su correo personal y luego se la envió a la mujer que había participado del diálogo. Por esa conducta quedó condenada a un mes y quince días de prisión en suspenso. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo la pena inicial que se había fijado en tres meses, al considerar que no correspondía aplicar como agravante haber comunicado el contenido de la conversación a otra persona. Pero sí confirmó que lo que ocurrió fue un delito.

El fallo fue dictado por el juez Horacio Días, de la Sala II de ese tribunal. En agosto de 2024, la empleada ingresó al sistema de la empresa y descargó un archivo de audio que contenía una conversación mantenida el día anterior entre un socio gerente de la compañía, y otra empleada.

Después de obtener la grabación, la mujer la envió desde su cuenta de correo corporativa a una dirección personal y finalmente le comunicó su contenido a su compañera.

En primera instancia, el juez Gustavo Alterini la había condenado a tres meses de prisión de ejecución condicional por el delito de acceso indebido a una comunicación electrónica ajena, agravado por haber comunicado su contenido a otra persona.

La defensa cuestionó la condena. Sostuvo, entre otros argumentos, que la acusada conservaba los permisos de acceso al sistema y que no había actuado con intención de cometer un delito. También planteó que había intervenido para ayudar a su compañera frente a una situación laboral que consideraba abusiva.

El acceso al sistema no autorizaba a escuchar cualquier conversación

Al revisar el caso, Casación recordó que la empleada había dejado el sector de back office en septiembre de 2023, pero seguía teniendo habilitaciones para ingresar a las conversaciones del área de atención al cliente.

Sin embargo, el tribunal distinguió entre conservar una clave de acceso y estar autorizada a utilizarla para cualquier finalidad.

Las habilitaciones se utilizaban para auditar llamadas de clientes cuando las supervisoras lo solicitaban. En cambio, la grabación que descargó correspondía a una conversación entre un integrante de la gerencia y una empleada, ajena a esa tarea de control.

Para el juez Días, la disponibilidad técnica del sistema no significaba que estuviera autorizada a ingresar por iniciativa propia a una comunicación privada de esas características.

La secuencia de acciones también fue considerada relevante: la mujer buscó el archivo, lo descargó, lo remitió a su correo personal y luego se lo entregó a su compañera. Para Casación, esos actos permitían descartar que hubiera actuado bajo la creencia de que estaba habilitada a escuchar esa conversación por el solo hecho de conservar sus permisos.

Contexto laboral y perspectiva de género

La defensa también argumentó que la acusada quiso defender a su compañera frente a las expresiones y presiones que habría recibido. Invocó la legítima defensa de un tercero y cuestionó que no se hubiera considerado el contexto laboral desde una perspectiva de género.

Casación rechazó esos planteos. Entre otros aspectos, señaló que la conversación había ocurrido el 5 de agosto y que el acceso al sistema se produjo al día siguiente. Por eso, entendió que no existía una agresión actual o inminente que justificara la conducta.

El juez también consideró que la búsqueda y el envío posterior del archivo no respondían a una reacción inmediata. La defensa, además, contaba con otras vías para denunciar la situación laboral o procurar la obtención de la grabación por medios legales.

De todos modos, el fallo aclaró que el rechazo de la justificación penal no implicaba avalar el modo en que el directivo se había dirigido a su empleada pero se trató de una cuestión ajena al proceso penal.

Cuándo es delito compartir una conversación privada

El punto central para reducir la condena fue la interpretación del tercer párrafo del artículo 153 del Código Penal, que agrava la conducta cuando, además del acceso indebido, se comunica a otro el contenido de la comunicación.

Para Casación, no alcanzaba con que la acusada hubiera enviado el archivo a una persona distinta de quien lo obtuvo. Era necesario que se tratara de un tercero ajeno a la conversación, que no hubiera participado de ella ni estuviera autorizado a conocer su contenido.

La Cámara concluyó que esa circunstancia no eliminaba la ilicitud del acceso original, pero sí impedía aplicar la agravante. En consecuencia, mantuvo la responsabilidad penal de Venegas Blanco por el acceso indebido a una comunicación electrónica, previsto en el primer párrafo del artículo 153.

Con ese cambio, la pena fue reducida de tres meses a un mes y quince días de prisión de ejecución condicional. Casación rechazó los restantes agravios de la defensa y mantuvo las costas de primera instancia, aunque la eximió de pagarlas en esa instancia por el resultado parcialmente favorable del recurso.

La resolución, firmada el 22 de octubre de 2026, hizo lugar parcialmente al planteo de Venegas Blanco y modificó la calificación legal de la conde