Un Tribunal Oral de San Martín concedió arresto domiciliario a un detenido por venta de droga para que cuide a su bebé de 4 meses cuando su pareja sale a trabajar.
En la decisión se tomó en cuenta el derecho del niño pequeño a vincularse con su papá, sobre todo a raíz de la interrupción de las visitas a los penales por la emergencia sanitaria del Covid-19.
El juez Eduardo Farah dispuso que el hombre deje el penal rumbo al domicilio donde quedará con tobillera electrónica, una vez que se compruebe que no tiene síntomas del virus y se le recordó además que rige el aislamiento social preventivo y obligatorio.
La medida se tomó con acuerdo de la fiscalía y de la asesoría de menores, pese a que su caso no está contemplado en ninguno de los motivos para otorgar la prisión domiciliaria: edad avanzada, problemas de salud que no puedan atenderse en la cárcel, embarazo o ser madre de un menor de 5 años o estar a cargo de una persona con discapacidad.
La asesora de menores dictaminó que debía hacerse lugar al arresto domiciliario “por razones humanitarias vinculadas a los derechos del niño”
Sin desconocer que el caso no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por ley, la asesora advirtió que no puede “perderse de vista el interés del niño involucrado, conforme a la interpretación armónica” de esos preceptos junto a los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño “de ineludible aplicación”
Permitir que el hombre cumpla la prisión preventiva en su domicilio mejorará “sustancialmente” el vínculo del bebé con su papá y permitiría su “atención y protección”.
El hombre fue detenido el 24 de agosto pasado y está procesado por presunta comercialización de estupefacientes, a la espera de un juicio ante el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín.
Antes de ser detenido, estudiaba derecho y era empleado en una dependencia judicial.
Al pedir el arresto, argumentó que la situación económica se complicó, que su hijo nació cuando él estaba preso y que cuidarlo evitará a su pareja el gasto de contratar a una persona.
Antes de tomar la decisión, se mantuvo contacto telefónico -a raíz de la imposibilidad de mantener entrevistas personales por el aislamiento obligatorio- con el padre del detenido -en cuyo domicilio de la localidad bonaerense de Caseros residirá- y la madre de su bebé.
Al conceder el beneficio, el juez Farah estableció que el acusado debe pedir autorización en caso de tener que salir del domicilio fijado “salvo casos de urgencia comprobables”, que deberán ser reportados y justificados dentro de las 24 horas de ocurridos.