Los varados en el exterior por la pandemia de Covid-19 comienzan a recurrir a la Justicia argentina en busca de soluciones, con suerte dispar.
En uno de los casos, la Cámara Federal de La Plata ordenó a Cancillería garantizar gastos de hospedaje, alimentación y cobertura de salud a dos argentinos varados en Barcelona por la pandemia de coronavirus.
Se trata de un matrimonio de Lomas de Zamora que venía costeando sus gastos con tarjetas de crédito prestadas por amigos y que intentó en vano regresar al país tras comprar pasajes en un vuelo de Aerolíneas Argentinas que terminó suspendido.
El pedido de medida cautelar fue presentado por el padre de la mujer en la justicia federal de Lomas de Zamora que falló a su favor el 21 de abril, pero el Estado apeló y ahora la decisión quedó confirmada en la Cámara Federal de La Plata.
Los gastos de alimentación, hospedaje y asistencia sanitaria deberán ser cubiertos hasta tanto se produzca la repatriación a la Argentina en el marco del “Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior en el marco de la pandemia de Coronavirus”, creado por la resolución 62 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De los considerandos de esa resolución “surge de manera inequívoca que la asistencia y protección de los ciudadanos argentinos en el exterior es un tema prioritario de la política exterior argentina”, se argumentó en el fallo.
Al apelar la demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió rechazar la medida cautelar y sostuvo que se había enviado un bolsón con alimentos básicos por un valor de 17 euros a la pareja y que luego, tras intercambiar mensajes por WhatsApp y correos electrónicos, se los hospedó desde el 23 de abril de manera gratuita con los Hermanos Franciscanos de Barcelona, en habitación doble y con ropa blanca incluída.
El 22 de abril ambos habían comunicado al consulado argentino en Barcelona que ya no conseguían más tarjetas de crédito prestadas para pagar el alojamiento.
Cancillería argumentó que no hubo incumplimiento por parte de las autoridades nacionales
También advirtió que el fallo en su contra “posee cierta potencialidad dañina para los terceros, si se considera que las autoridades consultares al tener que dar estricto cumplimiento a la medida dispuesta” de forma judicial “más allá de los limitados recursos presupuestarios de los que disponen para implementar el Programa, podrían llegar a verse impedidas de satisfacer, en un momento dado, una necesidad específica de otro argentino o residente en similares o menos favorables condiciones” que la pareja.
Ambos debían volver al país el 23 de marzo, pero la aerolínea Norwegian canceló su vuelo. Entonces compraron pasajes con la tarjeta de crédito de un amiga para un vuelo de “repatriación” de Aerolíneas Argentinas el 16 de abril, que también se canceló.
La Justicia determinó que ambos están en una situación de “vulnerabilidad en virtud de encontrarse sin poder regresar a la Argentina”, en un país europeo “en el que los gastos que deben afrontar diariamente” son en euros y “viéndose obligados a pagar el impuesto país en caso de que realicen gastos con tarjetas de crédito”.
Apartan a un juez y sigue la espera
En otro caso que llegó a los tribunales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió, en plena feria judicial extraordinaria, separar a un juez que tramitaba un recurso de amparo por la situación de dos argentinos varados en el exterior.
El Tribunal de Apelaciones decidió sortear un nuevo juez de primera instancia e informar lo ocurrido por vía electrónica al apartado. Esto ocurrió porque se negó a habilitar la feria y tramitar el amparo y en esa decisión, adelantó opinión sobre el asunto.
Los varados pidieron que se ordene al Estado Nacional realizar “las gestiones necesarias para garantizar su regreso al país; y que se les brindase los recursos económicos necesarios para afrontar los gastos en que incurriesen hasta tanto se llevase a cabo su retorno”.
El juez ahora separado del caso no consideró al asunto de “urgencia”.
El abogado de los varados lo recusó por prejuzgamiento.
Al resolver la no apertura de la feria judicial el 21 de abril, el juez señaló que “el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto ha implementado un sistema a fin de canalizar las solicitudes de asistencia para casos como el de autos el cual se encuentra vigente y debe ser cumplido por el interesado ingresando a la página web www.cancilleria.gob.ar”.
También escribió que “tampoco es función judicial definir —en el presente marco de emergencia sanitaria mundial— cuáles son las pautas y cronogramas de repatriación de aquellos ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente en el país que se encuentran actualmente en el exterior”.
“Es el Poder Ejecutivo Nacional junto con los organismos técnico-sanitarios correspondientes quienes se encuentran en mejores condiciones para la evaluación de cada supuesto y, en definitiva, para adoptar las medidas necesarias a fin de permitir el retorno de los nacionales argentinos y residentes en el Territorio Nacional “.
Los camaristas José López Castiñeira, Guillermo Treacy y Marcelo Duffy ordenaron sortear un nuevo juez que deberá analizar todo desde cero, porque “se advierte que tales expresiones podrían interpretarse como una suerte de anticipo de opinión” por parte del magistrado apartado.