Pese a las incompatibilidades que tenían para solicitar el IFE, los acusados exfuncionarios, gestionaron el aporte que el Gobierno nacional dispuso para algunos sectores de la población más vulnerable ante la pandemia de Covid-19
El Tribunal Oral Federal 1 de Salta condenó a dos ex gerentes de las agencias del PAMI en las localidades de Orán y Embarcación, a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por haber solicitado y percibido el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), la ayuda otorgada por el Estado.
Los acusados fueron condenados por el delito de defraudación contra la administración pública, por la jueza Liliana Snopek, de acuerdo a lo solicitado por el fiscal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta.
Los ex funcionarios habían solicitado y percibido el IFE, el beneficio dispuesto por el decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional para mitigar la grave crisis económica emergente por las medidas sanitarias impuestas durante la fase 1, en el marco de la pandemia del COVID-19.
Según se demostró, Viviana Fernández y Javier Navarreta, aún sabiendo de las incompatibilidades, gestionaron el aporte que el Gobierno había dispuesto para los beneficiarios.
El fiscal explicó que, a partir de las disposiciones establecidas en el decreto 310/20 como otras reglamentaciones vinculadas al IFE, se especificó claramente a quiénes iba dirigido. “También se estableció quién no podía ser el beneficiario, entre ellos los que tuviesen una relación de dependencia de orden privado o público”, advirtió.
Acusación fiscal
El fiscal repasó que, dada la urgencia por llevar el IFE a la gente y las condiciones de aislamiento reinantes en esas fechas, se implementó un sistema virtual y de fácil acceso, aunque se estableció que los datos ingresados por los solicitantes lo fueran en calidad de declaración jurada.
Los postulantes, al iniciar los trámites, tuvieron acceso al decreto de implementación, con todos los requisitos e incompatibilidades, por lo que sabían si les correspondía o no.
En base al testimonio de un directivo del área de Recursos Humanos del PAMI, el fiscal señaló que “era evidente” que un funcionario público de ese organismo no podía percibir el IFE. “Era tan incompatible que el testigo indicó que estaban en condiciones de despedir de manera directa a los acusados”, resaltó.
En el caso de Fernández se incorporó al PAMI a fines de febrero de 2020 y el 1° de abril solicitó el IFE.
“Lo percibió en dos oportunidades, siendo la primera el 24 de julio y para evitar quedar en evidencia no lo hizo mediante su cuenta de sueldo, sino por el Correo Argentino”, afirmó el fiscal en el marco del juicio.
Por su parte, Navarreta comenzó a trabajar en el PAMI el 9 de marzo y el 24 de ese mes solicitó el aporte, el cual también cobró en dos ocasiones a través de la Red Link y una cuenta en Banco Nación. Juárez, por su parte, ingresó de manera formal al organismo el 2 de marzo de 2020.
Según el fiscal, la ex gerenta explicó que la designación original había llegado para su hija, pero como estaba muy ocupada con sus estudios universitarios se la ofrecieron a ella. La acusada solicitó el IFE el 29 de marzo, cuando ya era funcionaria del PAMI.
Las defensas, en tanto, basaron sus alegatos en la “falla de los mecanismos de control del Estado”, con lo cual intentaron quitarles a sus defendidos cualquier responsabilidad por los hechos imputados y reclamaron su absolución.
La jueza Snopek coincidió con los argumentos de la fiscalía respecto a Fernández y Navarreta, por lo que declaró a ambos culpables del delito imputado. En tanto, absolvieron a otro imputado por el beneficio de la duda.