El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis condenó a 25 acusados de conformar una asociación ilícita fiscal que montó una red de 65 usinas de comprobantes apócrifos destinadas a cometer, coadyuvar y colaborar en delitos de evasión tributaria.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) calculó que entre 2015 y 2018 emitieron facturas por más de 2 mil millones de pesos, con un monto evadido “superior a mil millones de pesos entre la evasión de los impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias”. En el juicio intervinieron los fiscales generales subrogantes Mónica Spagnuolo y Cristian Rachid.
El tribunal además fijó multas y dispuso el decomiso sobre bienes de propiedad de las y los condenados por valor equivalente al de las ganancias obtenidas por cada uno de ellos.
Además, se estableció el decomiso de la documentación, dispositivos informáticos y demás efectos secuestrados durante la investigación y que se mantenga la prohibición de salida del país de todos los imputados hasta tanto la sentencia quede firme. Los fundamentos de la decisión se conocerán en una audiencia a fijarse dentro de los próximos cuarenta días.
Tras más de un año de audiencias de debate destinadas a la producción de prueba, a lo largo de los alegatos la fiscalía fundamentó la acreditación de la existencia, integración, organización, alcances y actuación de la organización con sede en la capital provincial.
Los fiscales Rachid y Spagnuolo consideraron probada su existencia con la integración de al menos 25 personas que cumplieron distintos roles en función del desarrollo de ese plan criminal, destinado a la provisión de facturas apócrifas con el objeto de cometer, coadyuvar y colaborar en evasión tributaria.
En la causa se probó una estructura formada por un jefe y organizador, un grupo de cuatro personas subordinadas con desempeño diario en la oficina sede de la organización y encargadas de los procesos administrativos indispensables para su funcionamiento habitual, y un nutrido grupo de personas que actuaron como intermediarias que, con permanencia y habitualidad, intervenía en la comercialización de las facturas apócrifas generadas por la organización.
El producto criminal se extendió por todo el país, indicaron los representantes del MPF, según publicó fiscales.gob.ar.
Dentro de este último grupo se identificó también a cuatro personas integrantes del entorno íntimo del jefe y a miembros fundacionales de la asociación criminal, que además de intermediar en la comercialización del producto ilícito actuaron personalmente como contribuyentes apócrifos y/o vinculados con sociedades apócrifas utilizadas para su cometido delictivo por la organización.
Además, se identificó a un contador y una contadora que, según la acusación, junto con el rol de intermediación en la comercialización de facturación apócrifa, brindaron el soporte contable indispensable para el funcionamiento habitual de la organización.