La administradora de un edificio en el barrio porteño de Boedo afronta una causa penal, acusada de quedarse con lo cobrado por el permiso de instalación de antenas de telefonía en la terraza.
La Cámara Nacional en lo Criminal acaba de revocar un sobreseimiento por prescripción del delito a raíz del paso del tiempo y ordenó que se reabra la causa penal en su contra por supuesta “defraudación por administración fraudulenta”
Desvío de dinero y Consorcio endeudado
Los “episodios infieles” que se atribuyen a la administradora ocurrieron entre 2015 y 2016.
La fiscalía sumó un nuevo hecho y la citó a declaración indagatoria en 2022. Esto interrumpió la prescripción, resolvió el Tribunal de Apelaciones
“Entre las explicaciones [de su gestión] requeridas estuvo el destino dado a los pagos recibidos de la empresa A. C. A. por la suma de (…) ($…) por el alquiler del espacio otorgado para la instalación de antenas de telefonía celular en el edificio de Av. Independencia (…) de Capital Federal”, resume la sentencia.
Ese contrato se firmó en noviembre de 2015.
La administradora recibió diez cheques, que se depositaron em mayo de 2016 en la cuenta del Consorcio.
La acusación
“Entiendo que se encuentra acreditado que en su carácter de administradora del Consorcio de Propietarios del edificio sito en la Av. Independencia (…)de esta Ciudad” la acusada “tenía a su cargo la administración de bienes ajenos”, sostuvo la fiscalía
Se trataba de “sumas de dinero correspondientes a dicho ente obtenido del pago de las expensas por los copropietarios, y violando esa función desvió los importes recibidos, en particular aquellos correspondientes al contrato de locación celebrado” para colocar antenas en la terraza.
En la investigación se hizo un peritaje contable que dio por resultado que la administradora “desvió en su provecho y/o de terceros las sumas recibidas durante su gestión, dado que no fueron abonados conceptos con diferentes organismos, que, consecuentemente, han generado deudas para el Consorcio (de acuerdo al listado de deudas y juicios ya mencionado)”
La profesional “tampoco brindó explicaciones ni rindió el dinero percibido a partir de un contrato celebrado para la colocación de antenas de telefonía en el edificio”
Los jueces Mariano Scotto y Rodolfo Pociello Argerich dispusieron que se reabra la investigación.