Un Tribunal dispuso que se investigue por posible defraudación pública a empleados del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que habrían presentado falsos certificados médicos para justificar licencias en 2022.
Lo hizo después que una médica denunció no ser la firmante de esos documentos. Aseguró que hicieron un sello con su nombre y matrícula.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso que el caso se investigue como una presunta defraudación a la administración pública, al resolver un planteo de la fiscalía para que cambie de fuero.
Ahora pasará a la Justicia local de la ciudad de Buenos Aires.
Un mensaje de WhatsAPP
Todo quedó al descubierto en septiembre de 2002 cuando una médica recibió un mensaje de WhatsApp desde una dependencia del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Le preguntaban si ella había firmado una serie de certificados médicos dando cuenta de dolencias de algunos empleados
La respuesta fue un No rotundo.
La profesional de la salud concretó una denuncia penal en calidad de víctima ante la Oficina Central Receptora de denuncias del Ministerio Público Fiscal.
Contó que le habían pedido la validación de una serie de certificados médicos usados “para justificar licencias por enfermedad”
Ella “desconoció el contenido, la letra, la firma y el sello utilizado en los mismos”
También explicó que “maniobras como la denunciada, consistentes en la falsificación de certificados médicos son habituales” y hasta insinuó que hay médicos que “prestan sus sellos” para que “terceros los utilicen con los fines de validar licencias laborales, recetas o historias clínicas”
Certificados
También dijo que todos los certificados atribuídos a su persona “fueron extendidos cuando ella no se encontraba físicamente trabajando en el sanatorio”
Y que siempre lleva su sello con ella “por lo que según entiende habrían hecho uno nuevo con sus datos para así poder falsificar las constancias”.
Acusación
La fiscalía sostiene que el delito gira en torno a la “presentación por parte de distintos agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -en calidad de declaración jurada y a través de la plataforma “Mi Autogestión” (MIA)-, de documentos falsos para justificar inasistencias laborales y así poder cobrar sus sueldos íntegros -sin los correspondientes descuentos”
En algunos casos, cobraron en su totalidad y al mes siguiente se les descontaron los días por ausencias injustificadas. En otros, se iniciaron expedientes administrativos
La fiscalía estimó que “quienes presentaron los documentos falsos lo hicieron con la intención de defraudar al gobierno local por lo que la conducta investigada debía ser encuadrada en el delito de defraudación a la administración pública local, tipificada por el art.174 inc.5 del Código Penal”
Este delito está trasferido a la Justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante la ley 26.072.
Perjuicio al erario público
El Tribunal de Apelaciones le dio la razón y revocó una decisión que negaba el pase de fuero por entender que ” restaban medidas de prueba para fundamentar que los empleados hubieran presentado los certificados médicos con la finalidad de defraudar al Gobierno” de CABA
Un informe de la Dirección General de Medicina del Trabajo del G.C.B.A, dio cuenta “que los certificados médicos fueron presentados por personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en calidad de declaración jurada, mediante la plataforma “mi autogestión” -medio por el cual se solicitan licencias médicas para quienes presten funciones en organismos locales”
“También se incorporaron los datos personales de los trece empleados involucrados y los días en que presentaron la documentación”, se detalló en la resolución judicial
Todo lo expuesto “pone de manifiesto que el accionar de los empleados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se vincula con la presentación de certificados apócrifos que, en definitiva, justificarían sus inasistencias”
“Es innegable que tal proceder tiene un impacto directo en la liquidación de sus salarios y, de esta manera, la conducta permite ser encuadrada “a prima facie” en el delito prescripto en el artículo 174, inc. 5 del Código Penal que fue transferido mediante la ley 26.702 a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas”, es decir, presunta defraudación, resolvió el juez Ricardo Matías Pinto.