La Justicia confirmó una condena a siete años de prisión para un ex funcionario judicial cordobés por trata de personas con fines de explotación sexual.
Se trata de una decisión de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal federal del país, que rechazó una apelación del condenado Eduardo Garzuzi, según la sentencia del Tribunal.
El ex funcionario judicial fue condenado a la pena de prisión y a reparar a su víctima, una joven de 20 años al momento de los hechos, en 2019, con 2.058.712,32 pesos.
Para garantizar el cobro se dispuso un embargo preventivo de su vivienda.
Qué pasó
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Córdoba condenó el 3 de julio de 2023 al ex funcionario judicial por haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la joven y de su adicción a la droga para llevarla a vivir con él y someterla a servidumbre, abusos sexuales y entregarla para tener sexo con otros hombres
El condenado le lleva 30 años a su víctima.
Hubo “suministro constante de estupefacientes, vigilancia y control de la víctima” en una relación de “especial asimetría” entre ambos que se impuso por sobre la voluntad de la joven.
Vulnerabilidad y relación de poder
El máximo tribunal penal federal del país rechazó un recurso de la defensa y dejó firme la condena.
“La asimetría interpersonal apuntada fue aprovechada por el victimario frente al estado de vulnerabilidad de la víctima -especialmente la dependencia psicológica dada por su condición de adicta-, tal como lo ponderó el tribunal con funciones de juicio”, remarcaron los camaristas.
Además se lo condenó por enviar mensajes intimidatorios a la madre de la joven por medio de WhatsApp advirtiéndola por ejemplo, sobre los riesgos de realizar una falsa denuncia y culpándola por no haber criado bien a su hija.
La mamá finalmente hizo la denuncia y todo terminó con un allanamiento a la vivienda del acusado.
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Con esta actitud el ahora condenado actuó ” como si buscara reforzar su posición de poder, a partir de su condición de abogado y ex funcionario judicial, con conocimiento en la materia e influencia en el ámbito judicial”, analizó la sentencia.
Las amenazas tenían como objetivo ” producir un fundado temor en la víctima y en su entorno, más aún si se tiene presente que la receptora de los mismos era la propia madre de la víctima de un grave delito, como el de la trata de personas, y quien era testigo —al igual que el resto de la familia— del daño”
Fiestas sexuales
En el juicio se probó que Garzuzi se valió de la “extrema vulnerabilidad” de la joven ante la “impotencia” de su familia porque estaba “bajo el control de quien era abogado y ex funcionario judicial”
“Se sintieron condicionados por su poder” y “limitados por la supuesta influencia” que el acusado decía tener en el ámbito judicial local.
El condenado actuó aprovechándose de la diferencia de edad, del bajo nivel de instrucción y de la situación de vulnerabilidad por el consumo problemático de estupefacientes
El fin fue ” reducir a una situación análoga a la servidumbre y someterla a una condición de explotación sexual, situación a la que pudo arribar dada la fuerte dependencia de S.G.R.S. hacia los estupefacientes, viciando como consecuencia de ello de manera completa su voluntad”
El acusado le daba de manera constante ” distintas sustancias psicotrópicas”
Y según se consideró probado la hacía participar ” en fiestas de intercambio sexual en las que la ofrecía y entregaba a otros hombres, para que estos mantengan relaciones sexuales con ella a cambio de estupefacientes y/o dinero”
La decisión fue de los jueces de Casación Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar