Treinta víctimas de trata de personas con fines de prostitución serán indemnizadas con al menos 31 millones de pesos. La suma se obtendrá de la venta de propiedades de los dos acusados de engañarlas y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad.
Todas eran explotadas en prostíbulos de la provincia de Córdoba.
Los inmuebles se compraron con el dinero que ganaron los hombres de manera ilegal. Según acreditó la Justicia, hubo lavado de activos y testaferros para encubrir la adquisición de departamentos, autos de alta gama y propiedades en diferentes localidades turísticas cordobesas.
Los acusados llegaron a un acuerdo de juicio abreviado y pactaron cuatro años de prisión con la fiscalía. Además aceptaron reparar económicamente a sus víctimas. En total 30 mujeres se presentaron en la causa.
El arreglo se cerró con el fiscal general Carlos Gonella y la participación de la fiscal Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de María del Carmen Chena, de la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, según informa el portal fiscales.gob.ar
El juicio abreviado debe ser homologado por el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.
La causa
Los acusados, Fabio y Daniel Barey, son hermanos y fueron procesados por trata de personas mayores de 18 años y lavado de activos de origen ilícito.
Además, pactaron penas en suspenso y suspensiones del juicio a cambio de tareas comunitarias, quienes actuaron como prestanombres.
Los hermanos están acusados de “captar, trasladar y acoger” mediante “engaño y abusando de su situación de vulnerabilidad” a mujeres para explotarlas sexualmente en cuatro prostíbulos de su propiedad en Córdoba Capital: Faraón, Play Man, Macarena y Candela. A lo largo de los años desde 2008 pasaron por el lugar al menos 30 mujeres en esa situación.
En la causa se consideran probados 16 hechos de lavado de activos: se compraron vehículos e inmuebles a nombre de otros cinco acusados, pero los dueños reales eran los hermanos Barey. Hubo autos de alta gama y propiedades en destinos turísticos de la provincia como Villa Carlos Paz y San Roque.
Para acceder al juicio abreviado, aceptaron el remate público de bienes: La fiscalía pidió el decomiso de 5 autos y 4 inmuebles.
De acuerdo a los cálculos realizados por la PROTEX junto con la DGRADB, la actividad criminal puede haber generado un volumen de ganancias ilícitas superior a la sumatoria de la reparación de las 30 víctimas identificadas, que alcanza los 31.419.562 de pesos.