Un tribunal integrado por jurados populares condenó a dos contadoras por tráfico de influencias para acelerar trámites iniciados por la Federación de Bioquímicos de la provincia.
La Cámara 10° en lo Criminal y Correccional de Córdoba, presidida por el camarista Carlos Palacio Laje e integrada con jurados populares, condenó por unanimidad a dos contadoras a 2 años y 6 meses de prisión.
Las declararon coautoras penalmente responsables del delito de tráfico de influencias. Asimismo, se les impuso la pena de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer la función pública, según informó el poder judicial de Córdoba.
Según la acusación sostenida por el fiscal de cámara Gustavo Arocena, una de las contadoras, que trabajaba en el Departamento de Actualización del Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Provincia, “hizo valer indebidamente su influencia ante otros funcionarios públicos para acelerar dos trámites iniciados por la Federación de Bioquímicos de la Provincia: la renovación de una exención y la devolución de impuestos devengados erróneamente en concepto de Ingresos Brutos”.
A cambio de dichas intervenciones, la imputada obtuvo una estadía en un hotel spa ubicado en las sierras cordobesas como así también un porcentaje del dinero que Rentas tenía que restituir a la federación profesional.
En esta última negociación, también participó la otra contadora condenada, con quien mantenía una relación laboral y de confianza previas.
La pena de prisión se aplicó en suspenso. Su ejecución efectiva está condicionada al cumplimiento de ciertas reglas de conducta específicas tales como no cometer nuevos delitos, mantener sus domicilios y desarrollar tareas comunitarias no remuneradas en la provincia de Córdoba.
El delito
El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 256 bis, del Código Penal. Castiga con pena de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación especial absoluta para ejercer la función pública, a quienes (por sí mismos o por medio de otros) soliciten o reciban dinero o cualquier otra dádiva para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público para que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones