Vecinas y vecinos de distintos barrios afectados a la denominada causa “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo, solicitaron una audiencia pública a la Corte Suprema de Justicia para exponer sobre la paralización de las obras comprometidas en la ejecución del caso.
Más de un centenar de vecinos se manifestaron frente al Palacio de Tribunales en una actividad que consistió en una radio abierta, convocada bajo el lema “No al cierre de la Causa Mendoza”.
Referentes de distintos barrios expusieron las problemáticas particulares y los incumplimientos concretos de la sentencia que se registran en cada territorio comprendido dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Asimismo, una delegación de representantes del colectivo de vecinos presentó en Mesa de Entradas del Palacio de Tribunales un escrito con el que solicitaron a la CSJN la realización de una audiencia pública donde los habitantes puedan participar y exponer la gravísima situación que están padeciendo en sus barrios.
Entre otras problemáticas graves, los incumplimientos concretos de la sentencia que se denunciaron fueron la paralización de las obras de construcción de viviendas e infraestructuras de servicios públicos y la falta de control y monitoreo de las fábricas que vuelcan efluentes contaminantes al Riachuelo.
También la desfinanciación de las cooperativas encargadas de la limpieza de márgenes del río, con la consecuente generación de basurales a cielo abierto, y la falta de tratamiento de las problemáticas de salud asociadas a cuestiones ambientales.
El caso y la intervención del Ministerio Público de la Defensa
La causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios” determinó la responsabilidad del Estado en la recomposición y prevención del daño ambiental en la cuenca del Río Matanza-Riachuelo.
El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) interviene en la ejecución de la sentencia, para garantizar el acceso a la justicia de las personas que deben relocalizarse o cuyo barrio se encuentra en proceso de urbanización.
Esa tarea se lleva a cabo a través de dos dependencias: la Defensoría Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, a cargo de Romina Alicia Magnano, y el Equipo de Trabajo Río Matanza Riachuelo, que se creó en el ámbito de la Defensoría General de la Nación y cuyo responsable es Mariano Gutiérrez.
Éste último Equipo ejerce un rol activo en la promoción y garantía de derechos de las comunidades históricamente vulnerabilizadas y excluidas del sistema de justicia.
Para ello, de forma diaria, representa a la defensa pública en los territorios afectados para canalizar, a través de acciones administrativas o judiciales, los reclamos colectivos e individuales que puedan suscitarse.