Un fallo judicial dispuso medidas preventivas urgentes a favor de una adolescente víctima de acoso digital y violencia física.
El denunciado es un compañero del colegio. No podrá compartir espacios con la víctima en el ámbito educativo y no podrá acercarse a ella ni tener contacto por las redes sociales ni medios digitales.
La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente, quien relató episodios de intimidación y agresión cometidos por un compañero del colegio, en una localidad cercana a Roca, en la provincia de Río Negro.
Los hechos incluyeron mensajes de contenido sexual, envío de fotos explícitas y una agresión durante una actividad deportiva.
Acoso, mensajes por redes y agresiones físicas
El caso se conoció cuando la adolescente informó a un tallerista del establecimiento educativo que un compañero la acosaba por redes sociales.
De inmediato se notificó a la madre de la joven, quien presentó la denuncia. Detalló que el acusado enviaba mensajes de contenido sexual y fotografías explícitas.
La joven también describió un episodio en el que fue agredida físicamente durante una actividad deportiva. En la denuncia se señaló que otras estudiantes atravesaron situaciones similares.
Prohibición de contacto personal y por medios digitales
La jueza que intervino en el caso dispuso medidas preventivas urgentes.
Prohibió al denunciado acercarse a menos de 200 metros de la víctima, incluye su domicilio, el colegio y cualquier lugar de concurrencia habitual. La prohibición tendrá un plazo inicial de 160 días.
Además, se le exigió al acusado abstenerse de realizar actos de intimidación o cualquier tipo de contacto con la adolescente, “ya sea en persona o a través de medios digitales”
La magistrada advirtió que “cualquier incumplimiento será considerado un delito penal conforme al artículo 239 del Código Pena”.
Instrucciones a las autoridades educativas
La jueza instruyó a las autoridades educativas a adoptar acciones específicas para proteger a la joven.
La denuncia fue remitida a la Supervisión del Nivel Secundario y al Consejo Provincial de Educación, quienes deberán garantizar la seguridad de la víctima dentro del colegio.
La magistrada solicitó que “se implementen medidas que eviten que el denunciado comparta espacios con la víctima en el ámbito educativo”.
Las autoridades también deberán resguardar estrictamente la identidad de la adolescente y tomar medidas preventivas para evitar casos similares con otros estudiantes.