El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, y el director de la Oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Montevideo -y representante del organismo ante Argentina-, Ernesto Fernández Polcuch, suscribieron hoy un convenio marco de cooperación.
El convenio estará destinado a promover la capacitación, la gobernanza digital y el uso responsable de herramientas basadas en inteligencia artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
El acuerdo establece un marco de colaboración para desarrollar programas de formación técnica y ética dirigidos a magistrados, funcionarios y empleados del organismo, así como iniciativas orientadas a la protección de datos personales, la alfabetización digital y la mejora institucional a través de la innovación tecnológica.
La firma se realizó en el Observatorio UNESCO Villa Ocampo, de la localidad bonaerense de Béccar, partido de San Isidro, donde Casal estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel, y la subdirectora adjunta de esa oficina, Teresa Bertotto.
El convenio se enmarca en el proceso de modernización tecnológica que impulsa el MPF y en la creación del Programa de Inteligencia Artificial (IA) del Ministerio Público Fiscal, mediante la Resolución PGN 14/25.
En ese contexto, el documento resalta la importancia de la cooperación internacional y de los estándares promovidos por la UNESCO, entre ellos, la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial (2021) y el Kit de herramientas global sobre IA y Estado de derecho para el poder judicial (2023), informó fiscales.gob.ar.
Asimismo, cabe destacar que el relevamiento institucional sobre el uso de inteligencia artificial en el MPF -lanzado en agosto pasado- tomó como referencia el modelo elaborado por la UNESCO en su “Encuesta sobre el uso de sistemas de IA por parte de los operadores judiciales” (Survey on the Use of AI Systems by Judicial Operators), adaptado al funcionamiento y características del organismo.
De acuerdo con lo convenido, las actividades conjuntas podrán incluir el diseño y promoción de herramientas digitales, la producción de investigaciones y publicaciones, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de inteligencia artificial aplicada a la justicia. Cada proyecto será instrumentado a través de convenios específicos que definirán objetivos, responsabilidades y mecanismos de seguimiento.
El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cinco años y podrá renovarse automáticamente por iguales períodos.
Durante la firma, ambas partes destacaron que el fortalecimiento de las capacidades institucionales en el uso de nuevas tecnologías constituye un paso clave para garantizar un sistema de justicia confiable, eficiente y centrado en las personas.