Un juzgado federal hizo lugar a un amparo por mora contra el Ministerio de Salud por una solicitud de inscripción que permanecía sin resolución desde abril de 2024.
Más de dos años transcurrieron sin que el Ministerio de Salud de la Nación resolviera una solicitud de inscripción en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
El trámite permanecía en estado “pendiente de evaluación” desde abril de 2024 y tampoco obtuvo respuesta cuando el reclamo llegó a la Justicia. Frente a esa demora, un juez federal hizo lugar a un amparo por mora y ordenó a la cartera sanitaria que se expida en un plazo de cinco días hábiles.
La decisión fue adoptada por el juez Patricio Maraniello, titular del Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N.º 5, en una causa iniciada por una mujer contra el Estado Nacional.
El caso
La mujer había presentado el 11 de abril de 2024, a través del sitio oficial del REPROCANN, la documentación requerida y una prescripción médica para obtener su inscripción en el registro.
La solicitud fue registrada, pero al momento de la sentencia, continuaba sin una resolución administrativa.
Ante la falta de respuesta, la interesada promovió una acción judicial para que el organismo cumpliera con su obligación de resolver.
Dos años sin una respuesta administrativa
Al examinar las actuaciones, el juez Maraniello advirtió que no existía constancia de que la autoridad administrativa hubiera dictado un pronunciamiento sobre el pedido ni que hubiera brindado una explicación concreta para justificar el tiempo transcurrido.
Pero hubo otro dato que el magistrado ponderó: el Ministerio de Salud tampoco evacuó el informe que le había sido requerido en el expediente judicial.
La sentencia aclaró que esa falta de respuesta no implicaba tener automáticamente por reconocidos los hechos invocados por la demandante, aunque correspondía valorarla junto con la documentación aportada y el resto de las constancias.
En ese contexto, el juez concluyó que la demora había excedido cualquier plazo razonable.
“Más de dos años al momento de dictarse la presente”, destacó el fallo al referirse al tiempo transcurrido desde el inicio de la solicitud, sin que existiera una decisión expresa ni una justificación suficiente.
Para el magistrado, esa situación configuraba el supuesto contemplado en el artículo 28 de la Ley 19.549, que habilita la presentación de un amparo por mora cuando la Administración deja vencer los plazos legales o demora injustificadamente su pronunciamiento.
La obligación de la Administración de resolver
Entre los fundamentos, el juez Maraniello recordó que el Estado tiene el deber jurídico de responder las peticiones de los particulares y no puede mantener indefinidamente un trámite sin definición.
En ese sentido, citó el artículo 7, inciso c, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que establece que “deben decidirse todas las peticiones formuladas”.
También vinculó esa obligación con el derecho de petición reconocido por el artículo 14 de la Constitución Nacional y sostuvo que la falta de decisión administrativa, una vez vencidos los plazos correspondientes, constituye una conducta irregular que perjudica al particular y afecta la eficacia de la Administración.
Cinco días para dictar una resolución
Finalmente, el juez hizo lugar a la demanda y ordenó al Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, que en el plazo de cinco días hábiles expida el acto administrativo correspondiente al trámite de inscripción en el REPROCANN.
La sentencia dejó expresamente aclarado que la decisión no implica conceder automáticamente la inscripción ni reconocer que la solicitante reúne los requisitos sanitarios y administrativos exigidos.
La evaluación continuará en manos de la autoridad competente, que deberá emitir una decisión expresa y fundada.
De esta manera, la Justicia no resolvió el ingreso de la mujer al registro, pero sí puso un límite a la demora estatal: después de más de dos años sin respuesta, el Ministerio deberá pronunciarse.
