La Cámara Federal porteña confirmó la decisión que rechazó el pedido de una mujer imputada por narcotráfico para salir de su domicilio seis días por semana con el fin de retomar tareas como empleada de casas particulares, mientras cumple arresto domiciliario.
El fallo fue dictado por la Sala II, integrada por los jueces Roberto José Boico y Pablo Bertuzzi, quienes consideraron que la autorización solicitada “desvirtúa el propósito” por el cual se había concedido la morigeración de la prisión preventiva.
La imputada había solicitado permiso para trabajar en distintos domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, argumentando que sus ingresos se habían reducido de manera significativa y que sobrevivía gracias a subsidios estatales y ayuda de familiares.
Según la defensa, la mujer percibía la Asignación Universal por Hijo, remesas desde el exterior y aportes de terceros, sin ingresos laborales estables.
Salidas laborales incompatibles
Al oponerse al pedido, la fiscalía advirtió que permitirle permanecer entre ocho y diez horas fuera de su vivienda, seis días a la semana, “implicaba desvirtuar el propósito del instituto” de la prisión domiciliaria, por lo que solicitó el rechazo del planteo.
En la misma línea, el tribunal recordó que el arresto domiciliario había sido otorgado con una finalidad específica: garantizar el cuidado de uno de sus hijos menores.
En ese sentido, el juez Boico sostuvo que la autorización reclamada “deviene improcedente, sustancialmente porque implica desconocer las únicas razones por las cuales se autorizó la morigeración de su encierro cautelar”.
El magistrado destacó que, al pedir el arresto domiciliario, la imputada había señalado que su presencia en el hogar era “imperiosa” para atender la situación familiar y que su rol “no puede ser suplido” por otros miembros de la familia.
No obstante, advirtió que ahora el planteo se fundaba en la necesidad de “procurarse la propia supervivencia y la de su familia con el fruto de su trabajo”, lo que consideró incompatible con los argumentos esgrimidos meses atrás.
Acusada por narcotráfico
Además, la Cámara valoró informes recientes de seguimiento judicial que daban cuenta de una situación económica distinta a la expuesta por la defensa.
Según esos reportes, la mujer había percibido el restablecimiento de una pensión no contributiva por más de un millón de pesos, continuaba recibiendo aportes desde el exterior y contaba con ingresos familiares adicionales.
Por su parte, el juez Bertuzzi recordó que la mujer fue detenida en mayo de 2025 y está acusada de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes, tanto dentro como fuera de un complejo penitenciario federal.
Señaló que “la modalidad comisiva, su gravedad y el curso instructorio vigente son incompatibles” con la nueva modalidad de morigeración solicitada.
Finalmente, el tribunal resolvió confirmar la decisión apelada y encomendó al juzgado de origen avanzar en las medidas necesarias para encaminar la causa hacia el juicio oral.