Aunque no hubo testigos presenciales del ataque, el juez consideró que los testimonios de vecinos y otros indicios permitieron determinar que los perros pertenecían a la demandada.
Portón abierto
La mujer que caminaba por una avenida en Bariloche y fue atacada por dos perros que salieron de una propiedad cuyo portón estaba abierto. Uno de los animales la tiró al suelo y le mordió una pierna con tal violencia que le desgarró la piel, la carne, los ligamentos y otros tejidos.
La Justicia terminó condenando a la dueña de los animales a pagarle $20.818.991 más intereses, al considerar acreditado que los perros que protagonizaron el ataque eran los que estaban bajo su propiedad o guarda.
La particularidad del caso es que no hubo ningún testigo que presenciara directamente la mordedura. Sin embargo, el juez Cristian Tau Anzoátegui, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 5 de Bariloche, entendió que existían suficientes indicios precisos y concordantes para atribuir el ataque a los perros de la demandada.
El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2021, alrededor de las 19, cuando la vecina caminaba por avenida Tres Lagos. Según relató, el portón de una vivienda estaba abierto y de allí salieron dos perros. Uno de ellos, más pequeño y robusto, la atacó, le tiró del pantalón y le trabó el paso hasta hacerla caer. Luego comenzó a morderle la parte posterior de la pierna izquierda sin soltarla.
Las lesiones fueron de gravedad. La mujer tuvo que ser sometida a cuatro cirugías, entre ellas una intervención inicial y dos toilettes quirúrgicos, hasta llegar a un autoinjerto de piel aproximadamente dos meses después. También realizó curaciones semanales durante 45 días y continuó con tratamientos para mejorar la cicatrización y reducir el edema de la pierna.
La dueña negó tener perros
La demandada negó ser responsable del episodio. Incluso sostuvo que no tenía perros y afirmó que nunca se pudo demostrar que los animales que atacaron a la mujer fueran de su propiedad. También cuestionó las fotografías aportadas y señaló que no existía una pericia que demostrara que la mordedura perteneciera a los perros que aparecían en ellas.
En sede administrativa, Nadal había sido sobreseída porque no se había podido establecer con certeza que los perros que atacaron fueran los suyos. Pero el resultado fue diferente en el juicio civil.
El juez valoró especialmente los testimonios de vecinos. Una de las testigos dijo que conocía a los animales desde hacía unos cinco años y que solían estar en la calle, sueltos, frente a esa zona. Señaló además que eran dos perros labradores negros, que uno era más agresivo que el otro y que en esa cuadra no había otros perros negros sueltos que pudieran generar una confusión.
Otro vecino declaró que había tenido distintos encuentros con esos dos perros, que salían de la vivienda y tenían una actitud de ataque constante. Dijo que siempre eran dos animales grandes y negros y que no había visto otros perros en esa cuadra.
A esos testimonios se sumó el de otro vecino quien contó que también había tenido un incidente en ese lugar con dos perros negros y que, aunque el portón estaba cerrado, los animales podían pasar igualmente.
Para el magistrado, esos relatos fueron coincidentes y permitieron establecer que se trataba de dos perros negros, de características similares, que habitualmente se encontraban en la calle a la altura de la vivienda de la demandada y que no existían otros animales de esas características en la zona.
El ataque
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue el criterio aplicado para determinar la responsabilidad.
El juez recordó que, según los artículos 1757 y 1759 del Código Civil y Comercial, la responsabilidad por los daños causados por animales es objetiva. Esto significa que no es necesario demostrar una conducta culposa del dueño o guardián: una vez acreditados el daño y el contacto con el animal, corresponde a quien resulta responsable demostrar alguna de las circunstancias que podrían liberarlo de responsabilidad.
En este caso, para el magistrado, las fotografías, los testimonios y la pericia médica acreditaron la existencia del ataque. La cuestión que quedaba por resolver era si los animales pertenecían a la demandada.
Y allí cobró importancia la prueba indiciaria: no pudo demostrarse de manera fehaciente cuál de los perros había mordido, porque no hubo testigos presenciales ni otro elemento directo que identificara al animal agresor. Pero eso no impidió atribuir responsabilidad ante indicios precisos y concordantes.
Además, los perros no estaban registrados al momento del ataque: los dos animales fueron registrados cuatro días después del episodio, sin que pudiera establecerse si eran exactamente los mismos que habían atacado a la mujer.
También tuvo en cuenta que distintos vecinos habían advertido que los perros podían salir a la calle y que el terreno no estaba suficientemente alambrado para impedirlo. Para el juez, esto evidenciaba un incumplimiento del deber de cuidado, especialmente frente a los antecedentes relatados por quienes vivían o transitaban por la zona.
Incluso consideró contradictorio que la dueña hubiera afirmado que no tenía perros, cuando las pruebas demostraban que sí los había tenido. Esa conducta procesal fue valorada como un elemento que corroboraba el resto de la prueba.
Una indemnización que superó los $20 millones
Al determinar la indemnización, el juez tuvo en cuenta tanto las consecuencias económicas como las físicas y psicológicas del ataque.
Por lucro cesante, reconoció $8.048.991, al considerar que las lesiones impidieron trabajar durante aproximadamente dos meses y medio. También fijó $2.070.000 por tratamiento psicológico, teniendo en cuenta el estrés postraumático y las sesiones realizadas por la víctima.
Por gastos médicos, de farmacia y traslados, estableció $700.000, mientras que por daño extrapatrimonial —daño moral— fijó $10 millones.
El juez destacó que el ataque no sólo produjo lesiones físicas, sino también consecuencias psicológicas y una afectación de la vida cotidiana, social, laboral y familiar de la víctima, que debió atravesar cirugías, internaciones y distintos tratamientos. De esta manera, la suma total llegó a $20.818.991.