Ariel Cejas Meliare, Procurador Penitenciario Adjunto Interino asegura que la situación de la Unidad 29 , donde se alojan los detenidos que tienen que declarar en los tribunales de Comodoro Py es “tremenda”, pero “quienes disponen que las personas estén allí son los fiscales y jueces, no el servicio penitenciario”
“Esto es consecuencia de las leyes que se sancionaron sin tener en cuenta políticas públicas que contemplen la cantidad de encierros masivos que se iban a tener. Hay más de 1400 presos con penas menores de un año, hay libertades condicionales pasadas y libertades asistidas pasadas, eso es lo que hay que trabajar”, describió el Procurador.
Una comitiva integrada por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles (SICC) visitó la Alcaidía de Comodoro Py, donde se alojan de manera transitoria a los detenidos que deben declarar en Tribunales, y que sin embargo pasan allí entre 5 y 30 días y en condiciones deplorables. Un juez federal ya dictó una resolución pidiendo partidas presupuestarias.
El monitoreo fue realizado por la Procuración Penitenciaria y la SICC, tras lo cual se elaboró un informe donde consta la necesidad de arbitrar los medios pertinentes para reducir la precariedad de las condiciones relevadas en la Unidad Nº29, como así también disponer del traslado inmediato de quienes están detenidos por más de 48 horas.
La Procuración Penitenciaria ya había advertido de la grave situación a la Presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal el 28 de Mayo pasado. En aquella oportunidad se elevó un informe de un monitoreo realizado por este organismo, en donde se hacía referencia a las inadmisibles condiciones edilicias y de habitabilidad de la alcaidía penal federal 29. En esa ocasión se alertó también sobre el pernocte de muchas personas allí alojadas por más de 10 días y la falta de agua en un sector del edificio.
Durante el monitoreo se pudo detectar 107 personas detenidas de las cuales alrededor de 80 habían pernoctado a la espera de un cupo en algún establecimiento carcelario. En algunos casos, llegaron a permanecer hasta 34 noches antes de su traslado.
La unidad se encontraba colapsada y sobrepasada su capacidad real de alojamiento. En algunas celdas de uso individual se albergaban hasta 5 personas. Estas celdas son espacios muy pequeños, sin ventilación ni baño.
Por su parte, los pabellones colectivos también se encontraban en condiciones inhumanas de detención y hacinamiento. En este sentido, el informe señaló que “Se visibilizó que los detenidos en el mismo espacio comen, duermen, esperan por sus alojamientos o comparecer ante los juzgados, se asean y realizan sus necesidades fisiológicas”.
El informe fue presentado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal a cargo de Daniel Rafecas, que ordenó una serie de medidas
El magistrado ordenó que se disponga el traslado de todas las personas que se encuentren detenidas en dicha Alcaidía por más de 24 horas; se prohíba la recepción de internos provenientes de otras jurisdicciones federales; se establezca que el número de detenidos alojados para el pernocte no podrá bajo ninguna circunstancia superar el número total de 30 internos dentro de los próximos 15 días, hasta que se determine definitivamente el cupo de aquellos que pasarán la noche en la Unidad 29 y se repare de manera inmediata las instalaciones sanitarias, entre otros.
La resolución del juez Rafecas, fue puesta en conocimiento de los Ministros de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a fin de solicitar que en forma inmediata, “se afecten las partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha las obras que amplíen la capacidad del alojamiento carcelario”