La demanda por daños y perjuicios por hechos de violencia física, emocional, psicológica y económica fue iniciada por una mujer contra su pareja, un hombre al que conoció mientras cursaba el secundario. Se enamoraron, tuvieron dos hijas, pero todo terminó mal.
Según describió la mujer en la demanda, en el 2000 las agresiones e injurias eran casi permanentes. Recordó que se había inscripto “a escondidas” en el Ciclo Básico Común de la carrera de psicología. Cuando lo descubrió, él le insistió en que abandonase los estudios.
En 2005 contrajeron matrimonio. Cuando la economía del hogar mejoró, decidieron que la mujer dejara de trabajar para dedicarse a las tareas del hogar. En 2007 nació la segunda hija de la pareja y las situaciones de violencia e infidelidad del marido se repitieron. Según la demanda, la humillaba continuamente frente a terceros o familiares En 2016 se divorciaron.
En primera instancia una jueza hizo lugar a la demanda promovida por S. S. P., condenando a su ex pareja a pagar 1.143.600 pesos más las costas del proceso y los intereses.
La mujer había demandado por más de 4 millones de pesos por los distintos padecimientos que dijo haber sufrido. Por ello apeló el monto otorgado.
Poco dinero
La Cámara Civil, con el voto de los jueces Gabriel Rolleri, Patricia Barbieri y Gastón Polo Olivera (éste último tuvo una disidencia relacionada con los intereses) confirmó la indemnización, pero elevó los montos de los distintos rubros por lo que el total asciende a 2.500.000 pesos más los intereses.
Además se ordenó al condenado la realización de un curso en capacitación y sensibilización en género y violencia.
El camarista Rolleri que encabezó con su voto la sentencia, citó instrumentos nacionales e internacionales que precisan el contenido de la obligación de los Estados de garantizar a las mujeres, sin discriminación, el goce de todos sus derechos.
Las leyes
En ese marco remarcó el juez la ley 26.485 de 2009, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus relaciones interpersonales”, lo que “representa un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa que aborda la temática de la violencia de género desde una perspectiva más amplia de la que existía en la legislación nacional”.
La normativa habilita a la parte damnificada en una relación de pareja a reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios sufridos.
La camarista Patricia Barbieri recodó una sentencia de otra sala de la Cámara que advirtió que “la denominada `violencia doméstica´ o de `género´ es considerada uno de los mayores problemas de derechos humanos para la comunidad internacional”.
La Cámara valoró que la mujer concurrió a la Oficina de Violencia Domestica el 21 de diciembre de 2015 con motivo de un episodio que ocurrió unos días antes. Según un informe, el organismo calificó la situación como de “alto riesgo”.
Tras una revisión se constató que presentaba hematomas en la mejilla, en el glúteo, en la rodilla y congestión en uno de sus ojos.
Del informe del Cuerpo Médico Forense se desprende que el denunciado poseía una doble fachada.
A la hora de valorar el daño moral el juez sostuvo que “ha quedado cómodamente acreditado el padecimiento espiritual que ha sufrido la accionante debido tanto a la violencia física, psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el demandado y hasta aún después de divorciados”.
Por esa razón propició la elevación del monto reconocido en la instancia anterior , que había sido de 650 mil, a la cantidad de $ 1.500.000.
También aumentó la suma del daño psicológico, que había sido fijada en 400 mil pesos, a 1 millón de pesos al comprobarse un porcentaje del 25 % de incapacidad psíquica.
Capacitación de género
Además de la reparación del daño, el magistrado ordenó al condenado realizar un curso de capacitación de género.
La ley 27.499 «Ley Micaela», dispuso la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra la mujer, para todas las personas que desempeñen la función pública, junto con la creación de un programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres con el objetivo de “capacitar y sensibilizar” a los integrantes de los diferentes niveles del Estado.
“Resulta una política de estado educar a la población en perspectiva de género a los fines de modificar patrones estereotipados de conductas, en particular a los agresores obligando su participación en programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de actitudes violentas”, advirtió el juez en la sentencia, una de las primeras en aplicar .
Es por ello que, sin perjuicio de la condena indemnizatoria, “entiendo pertinente en este caso particular, imponer al demandado la asistencia a programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendiente a modificar conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten a sus derechos. Mucho más teniendo en cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función a la crianza, formación y cuidado de su hija menor A, de 11 años de edad”, consideró el magistrado.
Por ello ordenó que el Sr. B. realice, “dentro del plazo de tres (3) meses del dictado de la presente, un curso de forma presencial o virtual (atento a la situación de pandemia Covid19) de capacitación y sensibilización en género y violencia, brindado por entidad u organismo autorizado para ello”.
Todo bajo apercibimiento de aplicación de una multa diaria de pesos mil ($ 1.000) que serán destinados a programas de protección contra la violencia de género de la ciudad autónoma de Buenos Aires”.
Excelente fallo! !!que sirva de precedente para que las provincias adopten conductas similares a la hora de aplicar la normativa! !!!
Hola Blanca, gracias por leernos y por tu comentario