Daño ambiental de envergadura. Así define un fallo las maniobras para lograr la exportación ilegal de miles de toneladas de “palo santo”, una especie protegida.
Lo ocurrido en Salta, Argentina, dejó cerca del juicio a empresarios, ex funcionarios y dueños de tierras. Todos están embargados por 430 millones de pesos.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires acaba de confirmar una resolución del juez Sebastián Casanello.
El Tribunal de Apelaciones advirtió por la “cantidad de madera proveniente de tala ilegal que se detectó” en allanamientos, incluída la que se pretendía exportar.
La maniobra
El 22 de mayo de 2013, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de Salta autorizó un proyecto de cambio de uso de suelo en 4555 hectáreas en una finca, “Las Colmenas de Tierra Vasca SA”, en Orán.
“De esa forma, junto con las nuevas actividades agrícolas y ganaderas que se llevarían a cabo en el lugar, se dio permiso para aprovechar los recursos forestales”.
Según la causa judicial, se autorizó extraer 1199 m3 de palo santo, equivalente a 1378 toneladas.
Para su transporte “se habría tenido que recurrir a 45 camiones”. según declararon especialistas en la causa.
Como dieron por probado los jueces, “todo se trató de una simulación”: en esas tierras no se taló nada, el campo quedó “en las mismas condiciones en las que empezó”.
La madera de palo santo que se intentó exportar provenía en realidad de otras estancias donde se realizó una tala ilegal.
Todo quedó al descubierto cuando tres empresas exportadoras iniciaron los trámites ante la autoridad nacional, en la ciudad de Buenos Aires.
Las exportadoras Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes SRL y Winner Internacional SRL lograron “el visto bueno de la autoridad administrativa” pero cuando el tema pasó al área científica se negaron los permisos “por entender que la madera no provenía de Las Colmenas”.
Ante la sospecha, se realizó una inspección en el lugar con funcionarios nacionales y provinciales que confirmaron los hechos.
Hubo dos denuncias, una de ellas en la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, en la ciudad de Buenos Aires.
Otra en Salta, del Programa de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de Salta ante el Ministerio Público local. Todo quedó unificado en el juzgado federal 12.
El fallo
Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que la responsabilidad de los procesados “se encuentra acreditada”
Sin embargo cambiaron la calificación legal de intento de contrabando agravado a falsificación de documento público.
En un allanamiento a otra finca, en San Martín de Salta, se secuestraron 7 mil toneladas de madera, incluído palo santo. También 14 martillos forestales, un elemento que “permitía registrar antojadizamente el origen del producto, tizas de distintos colores presuntamente utilizadas para identificar -según la necesidad- a los eventuales adquirentes de la madera y anotaciones sobre los pagos que se efectuaban a distintos proveedores “
En domicilios de imputados se hallaron “anotaciones sobre lo que sería venta de madera y de guías, registros de resoluciones de cambio de uso de suelo con estimaciones de cantidades de guías, guías en blanco, guías sobrescritas, guías borradas y hasta correos electrónicos donde los involucrados abiertamente mencionaban exportaciones “esquivando senasa y aduana” (sic)
Todo da cuenta de la ” discrecionalidad y arbitrariedad con que se manejaba en los hechos una actividad reglada”.
En los años previos hubo “numerosas exportaciones de palo santo”. En total se encontraron 111 facturas de exportación y 28 declaraciones de embarque.
En la causa hay además correos electrónicos intercambiados por los procesados con proveedores y despachantes de aduana “donde se manera expresa se habla de hacer cuadrar guías, entregar una suma dineraria a un inspector de la aduana y burlar los controles de ésta última y Senasa”
Quedaron procesados 14 acusados: empresarios que intentaron tramitar las exportaciones, responsables de la finca involucrada y ex funcionarios salteños del área de Ambiente,
Los delitos son “uso de documento público falso” y “tentativa de falsedad ideológica”