El uso de evidencia empírica en la toma de decisiones de política pública en materia de administración de justicia es vital para que el Estado sea cada vez más eficaz, eficiente y equitativo en su intervención. Para ello, resulta fundamental el uso de datos sobre el funcionamiento del sistema de administración de justicia como una herramienta esencial para el diseño de una política criminal integral y efectiva, así como para el diseño de reformas institucionales y la evaluación de medidas
implementadas (tales como el sistema acusatorio, la “desfederalización”, la ley de flagrancia, etc.).
Ante la ausencia en el debate público del uso de evidencia empírica para entender el funcionamiento actual del sistema de administración de justicia, desde el Centro de Estudios sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), se desarrolla este trabajo que indaga sobre el servicio de procuración de justicia en las provincias argentinas analizando la eficacia, eficiencia y efectividad del trabajo de los ministerios públicos/fiscalías
subnacionales.
Tomando las definiciones de eficacia, eficiencia y efectividad, utilizadas para medir al sector público en general, proponemos los mismos indicadores ajustados a la labor de las fiscalías, para indagar qué tan bueno está siendo su funcionamiento.
Por supuesto, es importante mencionar que otras cuestiones igualmente importantes, tales como la calidad de la persecución penal, en términos de la provisión de un servicio equitativo, el respeto a los derechos de quienes tienen un proceso y la despolitización del servicio de justicia, no serán estudiadas en éste artículo.
El trabajo empírico se lleva adelante a partir de la construcción de una base de datos única y original con información de acceso público para 10 provincias argentinas durante el período de 2017 a 2020.
Hallazgos
Los hallazgos principales de la investigación son que, en primer lugar, sólo hay transparencia informativa con datos presupuestarios para 9 de las 24 jurisdicciones del país, y datos de funcionamiento de 10 de las 24.
El robo y el hurto son los casos iniciados con mayor volumen en casi todas las provincias, representando entre el 30% y el 60% del total. En cuanto a la eficacia (cumplimiento de objetivos), el 63% de los actos procesales que hacen los Ministerios Públicos es archivar denuncias, lo que nos da altísimos niveles de impunidad, es decir que lo más probable es que con el 63% de los
casos ingresados no se haga absolutamente nada. Este valor llega a 90% en la Provincia de Buenos Aires y 96% en Rio Negro.
Las causas abiertas por homicidios, son aquellas que terminan con la mayor cantidad de imputaciones, con un promedio del 26%. Esto quiere decir que para el 74% de las causas de homicidio lo más probable es que termine impune (sin imputar a nadie). El número es sustantivamente mayor, y más preocupante, para las lesiones, donde sólo un 8% termina en imputación. De la misma forma, en el caso del delito de robo, solo el 3% termina en imputación. En otras palabras, un robo,
con denuncia policial que no se archiva tiene como destino más probable (97%) que no genere ninguna imputación.
En términos de eficiencia y gastos, para los años 2016-2019 ajustados por inflación, el gasto promedio por habitante es de $2022 pesos al año. Sin embargo, el costo promedio por imputación tiene un rango entre los $200.000 pesos y los $3.000.000 (cifras exorbitantes, dada la baja efectividad).
Es importante mencionar que en promedio, el 92% de los recursos presupuestarios se destina a personal. El Ministerio Público Fiscal de la Nación es la organización más cantidad del presupuesto destina a este rubro (98%). Analizando la ineficiencia pura, aquella que se debe al mal uso de los recursos independiente de la escala de la organización -con el método de Análisis de Datos Envolvente-, encontramos que hay margen de mejora sustantivo (más del 40%) con
casos que llegan al 80% (Rio Negro).
Finalmente, en términos de efectividad, encontramos que la cantidad de casos iniciados, supera ampliamente los delitos denunciados, aunque la cantidad de imputaciones no. En promedio hay 1,5 casos iniciados por delitos denunciados y 0.07 imputaciones por delito denunciado (estos guarismos son promedio y cambian por tipo de delito). Claramente la
falta de relación entre casos e imputaciones se ve reflejada en estos guarismos.
Propuestas de política pública
En base a estos hallazgos, encontramos como fundamental la necesidad de mejorar la eficacia cambiando la ecuación entre la cantidad total de casos archivados e imputaciones. El trabajo de investigación es fundamental para que exista una certera disuasión del delito, ya que modifica la certeza y celeridad del castigo.
No es posible que existan provincias donde se archiva más de la mitad de los actos procesales efectuados a los costos aquí relevados. Se debe incrementar la eficiencia haciendo más con los mismos recursos, controlando el presupuesto, hay márgenes importantes de mejora en los actos procesales que dictan los Ministerios Públicos.
Finalmente, es clave lograr mayores niveles de efectividad incrementando las imputaciones en general (más calidad en la investigación), en especial por los delitos graves, para bajar los niveles de impunidad y mejorar la disuasión percibida y efectiva.
Presentación del Informe. Será a las 18 del martes 7 de diciembre, con la disertación del fiscal federal Federico Delgado y la fiscal general de la Procuración General de la Nación en el área de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios, Mary Beloff. Seguilo en la web de la UNTREF o en su canal de Youtube