Las captaba con avisos en diarios y falsas promesas laborales, las secuestraba y las obligaba a realizar larguísimas sesiones de streaming con sexo virtual delante de webcams, para clientes que le pagaban al secuestrador.

El acusado que está preso, acaba de ser condenado a 25 años de cárcel. Se trata del primer caso de este tipo que llega a juicio en los  tribunales argentinos, vinculado a la trata de personas con explotación por medios digitales.

Una de sus víctimas -y denunciante- se suicidó antes de que su captor fuera detenido.

Sexo virtual con webcams

El delito de trata de personas se juzga en el fuero federal. Un Tribunal Oral porteño realizó del debate oral y condenó a 25 años de cárcel al hombre al dar por probado que entre 2017 y 2020 -plena pandemia- captó con falsas promesas de trabajo a tres jóvenes. Una vez que logró que fueran a diferentes domicilios en la ciudad de Buenos Aires, las encerró, golpeó, amenazó con dañar a sus familias. 

 El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 encontró probado que abusó y explotó a las mujeres.

Antes de la pandemia de Covid 19, las obligaba a prostituirse con clientes que acudían a los departamentos. Cuando comenzó el aislamiento obligatorio colocó webcams, abrió dos páginas de internet y comenzó a obligarlas a mantener sesiones de sexo virtual durante casi todo el día

Durísima pena

El fiscal federal Abel Córdoba y la auxiliar fiscal María Laura Grigera habían pedido una condena de 27 años para Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, de 38 años, por ” trata de personas con fines de explotación sexual agravada en concurso real con abuso sexual agravado reiterado contra tres mujeres”

La sentencia a 25 años fue fijada por la jueza María Gabriela López Iñiguez y sus colegas Guillermo Costabel y Luciano Gorini.

Además, el tribunal hizo lugar a las medidas de reparación patrimonial y no patrimonial que había solicitado la fiscalía en su alegato y ordenó extraer testimonios para investigar la posible participación de otras personas en los hechos.

Finalmente, ordenaron embargar un inmueble del padre de Zea Ricardo ubicado en la localidad bonaerense de Ezpeleta, por haber sido utilizado como instrumento del delito -era base de sus operaciones digitales- y como el sitio donde el ahora condenado se ocultó de la acción de la justicia.

Este juicio ante el TOCF N°4 comenzó el 4 de octubre del año pasado. A lo largo de diez audiencias declararon 21 testigos y se exhibieron los videos de las Cámaras Gesell de dos de las víctimas, ya que la primera -identificada como María Cecilia S.-, no llegó a declarar porque atormentada por lo vivido tomó la decisión de suicidarse en 2021. 

Streaming “más cruel y tortuoso”

Cuando comenzó a usar streaming en pandemia, se agravó la situación porque era una modalidad “más cruel y tortuosa” que no permitía límites ni descanso. “Exigía la exposición constante, .el manejo de códigos y lenguajes de exhibición que desconocía”, advirtió la fiscalía, según se explicó en el portal fiscales.gob.ar, de la Procuración General de la Nación.

A la primera joven, la captó con un aviso en un diario donde buscaba “modelos sin experiencia” para una supuesta campaña publicitaria. 

Conforme la declaración de la víctima plasmada en los distintos informes del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, así como a través de posteriores relatos escritos por la damnificada, se supo que Zea Ricardo solo la dejaba dormir cinco horas al día y le proporcionaba únicamente media hora para comer.

Debido a que en gran parte del período del cautiverio de esta víctima regía el aislamiento por la pandemia, el hombre ofrecía un “servicio sexual virtual” en las páginas web “Chaturbate” y “Strip Chat”, los cuales se consumaban a través de la aparición de la víctima en medios virtuales por medio de una webcam suministrada por el propio imputado.

Esta víctima logró escapar el 4 de septiembre de 2020 del domicilio de la avenida Santa Fe junto con personal de la “Asociación Civil Madres y Víctimas de Trata”. 

Tiempo después, el 15 de diciembre de 2021, antes de que el acusado fuera detenido, decidió quitarse la vida tras estar bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico como consecuencia de todos los sucesos relatados.

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