Una mujer presentó un título secundario para legalizar ante la Universidad de Buenos Aires, resultó falso y terminó denunciada.
Se la acusa de falsificación de documento público: dijo que creía que el certificado de estudios que envió vía web escaneado era verdadero y resultó víctima de una organización criminal cuando lo compró.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires confirmó su procesamiento y descartó que haya actuado en condición de vulnerabilidad o que haya que ver el caso con perspectiva de género, como pidió su defensa
Los motivos
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah remarcaron que ella sabía que no había completado los estudios necesarios para obtener esa certificación y pese a ello resolvió adquirirla, más allá de si era falsa o verdadera.
Uno de los jueces, Roberto Boico, votó en disidencia por la falta de mérito en base a un tema que aún genera controversia en tribunales: la validez de un documento escaneado como prueba.
La defensa argumentó que no hubo dolo porque ella “siempre creyó que el certificado de estudios era auténtico” y que fue víctima de una “organización criminal que la engañó entregándole un título falso a cambio de dinero pero para cuya adquisición debió aprobar un examen”
Además, entre otros argumentos, destacó que debía analizarse el caso con “perspectiva de género” porque la mujer estaba en “especial vulnerabilidad para ser engañada” a raíz de ser migrante y con limitada escolarización.
El fiscal del caso Carlos Rívolo consideró que hay pruebas del delito de falsificación de documento público e ideológica.
El título se presentó en julio de 2024 ante la Dirección de Legalizaciones de la Dirección General de Títulos y Planes de la Universidad de Buenos Aires -por intermedio de la plataforma TAD UBA- para su legalización.
Se trató de un Certificado de Estudios de Nivel Secundario y del Título de Bachiller expedido a su nombre por una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires.
Resultó ser apócrifo pero tenía “signos de autenticidad que lo convierten en potencialmente apto para inducir a error a una persona inexperta”, remarcó la decisión judicial.