Un abogado sufrió 12 cortes en dos semanas, uno de casi tres días, y llevó a la Justicia sus reclamos.
Adjuntó un informe del ENRE que advertía que la red funcionaba “al límite”, con equipos de los años 40 y 60 y una inversión 85% menor a la necesaria. La causa fue archivada sin testigos ni pericias. Ahora el caso llegó a Casación.
Tres días sin luz. Tres días sin agua. En pleno verano y en la Ciudad de Buenos Aires. Esa fue la experiencia que llevó a Claudio Lamela, abogado penalista y usuario de Edesur, a presentar una denuncia penal contra directivos de la empresa.
No fue un episodio aislado. Entre el 1° y el 14 de febrero de 2025 sufrió 12 cortes en su domicilio. Tenía además registrados otros reclamos vinculados a su oficina. Por eso, el 16 de febrero decidió ir más allá del reclamo habitual ante la empresa y presentó una denuncia de 21 páginas.
Equipos de los años 40
Pero llevó algo más que sus propias facturas y reclamos: una auditoría oficial del ENRE realizada sobre Edesur en 2023.
El documento advertía que la red funcionaba “al límite de la capacidad técnica de la infraestructura instalada” y que había “no hay inversión real, solo parches”.
También señalaba que la empresa utilizaba “equipos de los años 40 y 60” y que más del 60% del equipamiento de alta tensión era anterior a 1980.
La auditoría agregaba otro dato: según la propia empresa, el nivel de inversión estaba aproximadamente 85% por debajo de las necesidades del sistema.
Una denuncia que quedó 17 meses sin respuesta
Lamela pidió ser querellante y solicitó que lo escucharan antes de que se tomara cualquier decisión sobre la causa. Pero pasaron los meses y eso no ocurrió.
La fiscalía no lo citó a declarar, no convocó testigos y tampoco ordenó una pericia sobre la red. Sí pidió información al ENRE, que informó que durante apenas 34 días del verano de 2025 hubo 182.489 reclamos por cortes en la Ciudad y que en una jornada 342.641 usuarios quedaron sin servicio.
El expediente también incorporó mediciones posteriores: entre marzo y agosto de 2025, Edesur registró 5,04 cortes por usuario, frente a un máximo permitido de 2,07, y más de 11 horas sin luz contra un límite de 3,81.
Sin embargo, el 16 de julio de 2026 la fiscalía pidió archivar la denuncia. Sostuvo que los hechos “no revisten carácter penal y resultan manifiestamente atípicos” y que se intentaba trasladar al ámbito penal una cuestión administrativa.
Al día siguiente, se dispuso el archivo.
Y recién entonces, después de 17 meses, resolvió el pedido de Lamela para ser querellante. Lo rechazó porque, según explicó, si no había delito tampoco podía existir un querellante.
Lamela apeló. La Cámara Federal confirmó el archivo, pero introdujo una particularidad: sostuvo que, al no ser querellante, existía “la imposibilidad de revisar la decisión de fondo impugnada”.
El abogado volvió a recurrir. La Sala I rechazó, pero ahora llegó en queja a Casación Penal.
Mientras tramitaba la causa sin medidas los problemas continuaron. El 31 de diciembre de 2025, una falla en la subestación Bosques dejó sin luz a 1.085.000 usuarios, según los datos citados en el expediente. En mayo de 2026, una explosión en la subestación Centenario afectó a otros 100.000 usuarios.
Y en agosto, después del archivo, Lamela volvió a reunir pruebas: 17 vecinos de una misma cuadra de Flores que habían sufrido cortes de entre 30 y 78 horas firmaron sus reclamos y fueron ofrecidos como testigos. El juzgado no los citó y consideró que esos hechos debían tramitarse en otra causa.
El reclamo ahora está en Casación. Lo que se discute no es solamente el archivo de una denuncia contra Edesur, sino si ese cierre podía hacerse sin escuchar al denunciante y sin producir las medidas de prueba que había solicitado.