Magistrados y funcionarios de la Ciudad debatieron sobre el rol de la Justicia frente a la crisis ambiental y su impacto en los sectores más vulnerables.
El encuentro concluyó con una declaración que define al cambio climático como “una amenaza existencial” y reclama garantizar el acceso a la justicia y la protección efectiva de los derechos humanos.
Una delegación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires participó en el Vaticano de una cumbre internacional sobre justicia climática y derechos humanos.
Jueces y especialistas de distintos países analizaron cómo deben intervenir los tribunales frente a las consecuencias de la crisis ambiental, especialmente cuando afectan a las comunidades más vulnerables.
El encuentro, denominado “Jueces, litigancia climática y derechos humanos”, se realizó el 6 y 7 de octubre en la Casina Pío IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
La actividad reunió a magistrados de tribunales nacionales, regionales e internacionales, junto con especialistas del ámbito jurídico y académico, convocados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas, creado en 2023 por el papa Francisco.
Al finalizar las jornadas, los participantes firmaron la “Declaración de la Casina Pío IV sobre el acceso a la justicia climática”, en la que advirtieron que la emergencia ambiental constituye “una amenaza existencial”.
El documento plantea que la crisis climática “ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”.
La declaración también establece una hoja de ruta para coordinar acciones judiciales y aplicar estándares internacionales en litigios ambientales. Aclara, al mismo tiempo, que la función de los jueces no consiste en reemplazar a los poderes políticos en el diseño de las políticas públicas, sino en garantizar que sus decisiones y omisiones respeten los derechos comprometidos y las exigencias del Estado de Derecho Ambiental.
Juez Gallardo: “Mucha letra y poca carne”
La delegación porteña estuvo encabezada por Roberto Andrés Gallardo, juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU). Gallardo tuvo a su cargo la apertura y el cierre de la cumbre.
Durante su intervención, reivindicó el magisterio social del papa Francisco y su llamado a que los integrantes del Poder Judicial asuman su responsabilidad en la defensa de la justicia social y la dignidad humana.
“Nuestro foco tiene que ser justicia social y, sobre todo, para los grupos vulnerados -enfatizó el juez Gallardo-. Todos ejercemos diariamente cuotas de poder en nuestras regiones, en nuestros países”.
En ese sentido, recordó una de las preocupaciones que atribuía al pontífice y cuestionó las respuestas que se quedan únicamente en las declaraciones formales.
“Francisco tenía una obsesión con el nominalismo: siempre decía que no hay que ser nominalista, que no hay que olvidar esto de mucha letra y poca carne. Entonces, nuestra lógica y nuestro rol en la destrucción del nominalismo es central al momento de definir cómo va a ser el futuro de la humanidad”, sostuvo.
Discapacidad y cambio climático: “Las barreras se multiplican”
Uno de los ejes del encuentro fue el impacto desigual de las emergencias ambientales. Genoveva Ferrero, secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial porteño y titular del Observatorio de Discapacidad, expuso sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad ante inundaciones, huracanes y otros fenómenos climáticos extremos.
“En el mundo hay 1300 millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad y que enfrentan todo tipo de barreras: la falta de accesibilidad, las dificultades de movilidad, de comunicación, de comprensión o de acceso a la información. Cuando llega un huracán, una inundación, un tsunami o cualquier otra emergencia climática, esas barreras no simplemente se suman, se multiplican”, advirtió.
Ferrero también hizo referencia a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección diferenciada que requieren los grupos vulnerables. En ese marco, reclamó que las personas con discapacidad tengan participación efectiva en las decisiones ambientales y no sean consideradas únicamente destinatarias de asistencia.
“Las personas con discapacidad no pueden aparecer en las políticas climáticas solamente como personas a rescatar, tienen que ser parte de la política pública ambiental. Tenemos que pasar del objeto de protección al sujeto de derecho que participa en la decisión”, enfatizó.
Infancias, presupuesto y derechos humanos
La delegación porteña también estuvo integrada por Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien, como presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (AJUNAF), abordó las consecuencias de la crisis climática sobre las infancias.
Por su parte, Horacio Corti, consejero y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y juez de Cámara, expuso sobre el papel de los presupuestos nacionales para concretar los planes de mitigación y neutralización de las amenazas climáticas.
También participó Vanesa Siley, diputada nacional, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación y secretaria general de SITRAJU.
La cumbre contó con referentes judiciales de distintos países, entre ellos Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia; César Manuel Diesel Junghanns, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; João Cura Mariano, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La coordinación científica estuvo a cargo de Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil.
El desafío de la Justicia frente a la emergencia climática
La declaración firmada al cierre del encuentro busca fortalecer la coordinación entre los tribunales y la aplicación de estándares internacionales en los litigios ambientales.
Su planteo central es que la crisis climática no puede analizarse únicamente como un problema científico o una discusión de política pública: también compromete derechos humanos cuya protección puede requerir una respuesta judicial.
Los firmantes aclaran que la función judicial no implica sustituir a los gobiernos en la definición de sus políticas, sino controlar que las decisiones y las omisiones de las autoridades se ajusten a las obligaciones jurídicas vigentes.