Francisco Mugnolo
Desde un sector de la opinión pública se pretende instalar la idea de que justicia penal responde débilmente frente a los delitos que se cometen en nuestro país y que con el restablecimiento de la democracia han proliferado leyes penales “blandas” que posibilitaron el incremento de la criminalidad. Sin embargo, la realidad revela que en las últimas décadas hubo un aumento significativo de la población carcelaria en Argentina.
Recién recuperada la democracia, en las cárceles federales argentinas había 2.369 personas presas. En marzo de 2019, la población carcelaria de esa jurisdicción es de 13.906. Esto significa que durante ese período de tiempo se sextuplicó la cantidad de presos federales.
Este vertiginoso aumento de la población carcelaria no se relaciona solamente con un aumento demográfico ni está vinculado necesariamente con un incremento de la criminalidad. El incremento de la cantidad de presos es fruto de decisiones políticas que promovieron el endurecimiento de la legislación penal y procesal como respuesta a las demandas sociales por mayor seguridad (vgr. “leyes Blumberg”, reformas de la ley de ejecución penal, restricción de las excarcelaciones, etc).
Los jueces acompañan tradicionalmente estas políticas y en consecuencia endurecen cada vez más la respuesta judicial en los casos en los que intervienen. Por ejemplo, una investigación de la Procuración Penitenciaria da cuenta de un sostenido incremento, durante los últimos años, de las condenas a penas cortas (de un mes hasta tres años) pero con cumplimiento efectivo en prisión[1]. Es decir, los jueces están encarcelando a más personas por delitos que históricamente merecían una condena en suspenso.
La falta de infraestructura penitenciaria para contener este aumento de la tasa de encarcelamiento genera sobrepoblación y hacinamiento. La “resocialización” de los condenados resulta ilusoria en este contexto.
Además, las torturas y los malos tratos constituyen un problema extendido y generalizado en las cárceles de nuestro país.
En definitiva, nuestro sistema penal cada vez encarcela a más personas, las mantiene detenidas cada vez en peores condiciones y los detenidos son sometidos recurrentemente a graves abusos.
En estas condiciones ¿hay margen para sostener honestamente que nuestro sistema penal es “blando” o que los jueces actúan en forma condescendiente con aquellas personas acusadas de cometer un delito? ¿Ha dado algún resultado positivo la receta recurrente de “mano dura”?
Sin lugar a dudas nuestro país enfrenta enormes desafíos en materia carcelaria. Quizá el más importante de esos desafíos sea el de abordar la problemática de la inseguridad y el combate del delito sin transgredir principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.
[1] PPN, Aportes de la investigación social sobre la “cuestión carcelaria” para la intervención en materia de derechos humanos. Encarcelamiento masivo y política condenatoria: producción de información y lectura crítica de datos. Bs. As., 2018.
Coincido con lo postulado por el autor en cuanto es imprescindible que los privados de libertad sean respetados en su dignidad y derechos de acuerdo a la ley y los pactos internacionales de derechos humanos que son parte de la constitución.