Una fiesta clandestina celebrada en enero pasado en una casa cerca del Faro en la ciudad de Mar del Plata, con más de 500 personas, terminó con sus dos organizadores procesados y embargados en sumas millonarias.
El juez federal de Mar del Plata Santiago Inchausti procesó a dos hombres oriundos de la ciudad de Rosario por los delitos de desobediencia y propagación de epidemia, previstos en los artículos 239 y 205 del Código Penal.
En enero de este año, cuando ocurrió el hecho, se encontraban vigentes las restricciones dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional por la pandemia del virus COVID-19.
Además, el magistrado trabó un embargo por cinco millones de pesos por cada acusado, a fin de garantizar una eventual pena pecuniaria o las costas del proceso y el aseguramiento de las responsabilidades civiles emergentes
.El fallo destacó “la gravedad del hecho” en razón “del importante aumento de casos de COVID en nuestra ciudad a la época de los sucesos y la afluencia de personas de distintas partes del país que se encontraban vacacionando en esta ciudad”
El caso
La fiesta se realizó en una casa ubicada sobre la avenida de los Trabajadores y Racedo, en el sur de Mar del Plata, a pocos metros del Faro de Punta Mogotes, alquilada por los dos jóvenes.
La investigación, en la que intervino el auxiliar fiscal de la de la fiscalía federal 2 de Mar del Plata, Hércules Giffi, se inició a partir de cinco llamados al servicio de emergencias 911. La policía concurrió a la vivienda, en la madrugada del 6 de enero pasado.
Según publicó fiscales.gob.ar, los efectivos constataron la presencia de 500 jóvenes, de entre 20 y 30 años, que tomaban alcohol y escuchaban música a alto volumen. Se retiraron cuando llegó la policía.
Esta no habría sido la única fiesta, de acuerdo con el testimonio de vecinos y vecinas, y de funcionarios policiales que declararon haber acudido a la misma dirección, en tres oportunidades previas.
Un agente municipal declaró que la vivienda fue alquilada por dos grupos distintos de jóvenes, ambos de la ciudad de Rosario.
Sin embargo, otro agente de la patrulla municipal señaló: “Si bien en ambas plantas en teoría había inquilinos que manifestaron no conocerse entre sí, lo cierto es que por el costado y mediante una escalera que conecta ambos pisos, los jóvenes subían y bajaban, razón por la que la fiesta se llevaba a cabo evidentemente en ambos lugares y de forma compartida”.
El juez destacó que se trató de una fiesta de gran magnitud dado que en el patio trasero había “más de veinte bolsas de residuos de color negro con botellas de todo tipo de bebidas alcohólicas y vasos”.
Las pruebas
En la causa constan las fotografías y videos reunidos esa madrugada que “ilustran el volumen de gente que concurrió a la fiesta, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años, que se encontraban en el lugar sin barbijo ni otras medidas de cuidado, y quienes procedieron a retirarse ante la presencia policial, muchos de ellos llevando bebidas en sus manos”.
Por otra parte, consta en el expediente el testimonio de un empleado de la inmobiliaria que alquiló la casa. El hombre relató que recibió el pago por adelantado. Los inquilinos de la planta baja se fueron luego del operativo policial y dejaron las llaves en la puerta de la vivienda, tres días antes del vencimiento de su contrato.
Un dato: Los jóvenes abonaban entre dos y tres mil pesos de limpieza por día. El juez advirtió que esa circunstancia “denota que dicho personal se contrataba a consecuencia del desorden y suciedad que los eventos de esta magnitud provocan”.
Así, en base a las pruebas recabadas en el sumario, y en línea con la hipótesis de la fiscalía, el juez federal Inchausti procesó a los dos jóvenes por desobediencia y propagación de epidemia, previstos y reprimidos por los artículos 239 y 205 del Código Penal, y los embargó por cinco millones de pesos cada uno.