El reinicio de la actividad judicial en todo el país llegó con masivos reclamos de abogados, fiscales y demás trabajadores judiciales para ser incluídos en el plan estratégico de vacunación contra el coronavirus diseñado por el Gobierno nacional.
El domingo 31 de enero, el jefe interino de todos los fiscales del país, el procurador general de la Nación pidió al Ministerio de Salud que considere incluir en la vacunación al “personal de justicia de turno considerado esencial”.
En los fundamentos de su resolución, el procurador Eduardo Casal aludió a que hasta el 28 de febrero, en principio, rige el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio. Esta etapa implica “menos restricciones en la movilidad de la ciudadanía y por ende pueden derivar en una mayor afluencia de público a las oficinas de este Ministerio Público Fiscal, sobre todo en grandes conglomerados urbanos como el AMBA”
Ante ello, es necesario contar con guardias presenciales y sistemas de trabajo ” siempre con apego a las normas de sanidad oportunamente establecidas”
Por su parte la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) también condicionó la vuelta presencial a la incorporación de los empleados judiciales al Plan Estratégico de vacunación.
El gremio que lidera Julio Piumato hizo su pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea intermediaria ante el Gobierno.
Abogados
Los abogados no se quedaron atrás, al menos en la ciudad de Buenos Aires. El Colegio Público pidió que se priorice a quienes se hallan “vinculados con la administración de justicia”
Desde el organismo se enviaron notas al jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a la ministra de Justicia de la Nación Marcela Losardo y al presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.
Los abogados fueron más allá e incluso sugirieron que la Corte podría comprar de forma privada “las vacunas aprobadas por la ANMAT”-
“La exhortación se funda en que el Poder Judicial es uno de los tres constituidos que establece el artículo 1º de la Constitución Nacional y de allí la necesidad urgente de contar con su funcionamiento al ciento por ciento con actividad presencial plena”, ya que el expediente electrónico es insuficiente y produce “un grave desbalanceo institucional”, advirtieron.