La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal Alberto Gentili, registró una sobrepoblación del 3,8% en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en su informe anual 2022 titulado “Población privada de libertad en cárceles federales”

El año pasado hubo 413 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento del sistema. Los datos estadísticos fueron procesados y elaborados por el área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada.

El trabajo hace foco en características específicas de colectivos vulnerables, como mujeres, mujeres embarazadas, niños con sus madres, jóvenes adultos y personas trans, según publicó fiscales.gob.ar.

 Los números

El informe anual detalla que “el 2022 concluyó con 11.349 detenidos/as, consolidando de esta manera la tendencia creciente durante el año, con una variación positiva del 0,6%, respecto al año anterior. En un año la población carcelaria se incrementó de 11.283 a 11.349 a detenidos”.

Sobre la situación procesal de la población carcelaria, el trabajo destaca que un 54,8% (6.218) se encuentra detenida con prisión preventiva, mientras que un 45,2% (5.125) tiene condena.

El documento puntualiza que el año pasado se produjo un importante aumento -de un 5,9% anual- en la cantidad de personas detenidas con condena firme. Al mismo tiempo, las personas detenidas sin condena se redujeron en un 5,2%, por lo que se amplió la brecha entre ambos grupos.

Por otro lado, el reporte presenta un desglose estadístico sobre la población carcelaria según la jurisdicción interviniente. En este marco, detalla que el 47% de la población (5.331) proviene de procesos tramitados ante el fuero nacional (con jurisdicción sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), un 46,6% (5.294) depende del fuero federal y 6,4 % (724) está sujeta a procesos tramitados en fueros provinciales.

Género y rango etario

En relación con la distribución por género, el reporte indica que la población está integrada por hombres en un 93,1 % (en total, suman 10.571), en un 6,5 %  por mujeres (741) y en un 0,3% por personas trans (37). Esto implica que la cantidad de mujeres encarceladas en dependencias del SPF aumentó un 7,7% (53) en el último año.

También se registra un importante aumento en la cifra de personas trans detenidas, “con un incremento del 54,2%. El informe detalla que el Complejo Penitenciario Federal (CPF) IV de Ezeiza es el establecimiento con mayor alojamiento de mujeres y personas trans detenidas, con 64,5 %.”

En relación al rango etario, el 97,9% (11.116) son personas mayores de 21 años y un 2,1 % (233) se encuentran por debajo de la mayoría de edad. Asimismo, la proporción de mujeres jóvenes encarceladas (11,6%) es mayor que la registrada para la población general del SPF (6,5%). En este contexto, 6,5 de cada 10 jóvenes están encarcelados/as sin condena firme. La proporción supera ampliamente la media general de encarcelamiento preventivo, que es del 45,2%.

Finalmente, el documento registra 6 mujeres embarazadas detenidas bajo custodia del SPF en la Unidad 31 de Ezeiza y de 7 mujeres detenidas junto con sus hijo/as en todo el sistema: 6 de ellas están alojadas en la Unidad 31 de Ezeiza y la restante en el CPF III de Salta.

La PROCUVIN señala el listado de establecimientos con mayor porcentaje de crecimiento anual encabezado por la Unidad 22 de Jujuy, con un 64%. Le siguen la Unidad 8 de Jujuy , con 46%; la Unidad 10 de Formosa, con 45%; y la Unidad 31 de Ezeiza, con 27%. En relación a los porcentajes decrecientes más importantes, el listado lo encabeza la Unidad 30 de Jóvenes-adultos de Santa Rosa, con  -22%. Le siguen la Unidad 34 de Campo de Mayo, con -21%; el CPF de CABA , con -11%; y la Unidad 13 de mujeres de La Pampa,  -8%.

Las cifras presentadas corresponden a personas alojadas en unidades del SPF. Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la justicia nacional y federal, debido a que el SPF no incluye en sus publicaciones la información sobre detenidos/as en cárceles provinciales o institutos penales para personas menores de edad y/o dispositivos federales tales como dependencias de la Gendarmería y la Prefectura Naval.

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