La Justicia investiga una organización criminal que bajo presiones y amenazas obligaba a mujeres argentinas, colombianas y venezolanas a producir fotografías y transmisiones en vivo -vía streaming- de contenido sexual, vendidas luego en Internet.
Lo hacían a través de plataformas de al menos cuatro sitios web.
Las víctimas eran captadas con ofertas laborales engañosas publicadas en Internet
En ese marco, un Tribunal rechazó excarcelar a uno de los acusados.
Acusado preso
Para negar la excarcelación del acusado, la Cámara Federal porteña tuvo en cuenta la opinión de una de las querellas, en representación de la llamada “Víctima 1”- cuya identidad se mantiene en reserva-
En caso de quedar libre, podría “articular maniobras de destrucción de pruebas”, también “alertar” a otros posibles partícipes de las maniobras y entorpecer la investigación.
Las víctimas coincidieron al declarar que este detenido era “una de las personas que amenazaban y ejercían una intensa presión y violencia psicológica sobre ellas para evitar que abandonaran la actividad en la que eran explotadas”
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que la elevada pena de prisión prevista ” para los graves hechos endilgados en su declaración indagatoria da cuenta que el riesgo procesal basado en la posibilidad de que pueda sustraerse de la acción de la justicia resulta ser suficientemente alto”
“En resumen, valoramos que estamos frente a una organización criminal en la cual cada uno de los imputados ejercía un rol diferenciado para contribuir a la captación mediante ofertas engañosas publicadas en la web”
Luego se producía el ” acogimiento y retención de personas -mayormente mujeres- para explotarlas sexualmente mediante la creación de contenido audiovisual erótico que se transmite en plataformas digitales vía streaming”, advirtieron los jueces del Tribunal de Apelaciones al confirmar la decisión del juez del caso, Sebastián Casanello.
Amenazas para retener víctimas
çTambién remarcaron que “no es posible soslayar, a la hora de valorar la gravedad de los hechos, que las presuntas víctimas habrían sido obligadas a concertar encuentros sexuales y que, además, al manifestar sus deseos de desvincularse de la organización, habrían recibido amenazas por parte de sus captores con el objeto de retenerlas”.
El Tribunal remarcó que el caso está en plena investigación, con allanamientos recién hechos y secuestro de dispositivos tecnológicos: más de 40 CPU’s, más de 20 notebooks, gran cantidad de teléfonos celulares y decenas de elementos electrónicos como pendrives, discos rígidos
El contenido “aún desconocido, podría derivar en nuevas líneas de investigación, la existencia de otras víctimas y/o la participación de otros individuos en el entramado delictivo, más allá de aquellos que ya se conocen”
Prueba digital
En este tipo de casos, es “imperativo” considerar “la naturaleza efímera de las pruebas digitales que deben ser producidas, teniendo en cuenta que las acciones ilícitas develadas se llevaron a cabo mediante la utilización de una amplia gama de herramientas tecnológicas, cuyos verdaderos alcances aún no se han esclarecido por completo en este momento”
La investigación se inició en septiembre de 2021 con una declaración de una integrante de la “Asociación Civil Madres Víctimas de Trata”.
Allí se denunciaron las extorsiones que la organización ejercía sobre las víctimas que querían renunciar.