La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de un abogado acusado de estafar a una clienta a la que le hizo creer durante años que había iniciado un juicio laboral que en realidad nunca existió.
Esquema de engaño
La decisión fue tomada por la Sala 4 del tribunal, que avaló tanto la imputación por estafa como el embargo sobre los bienes del imputado, al considerar acreditado un esquema de engaño sostenido en el tiempo que terminó perjudicando a la víctima.
Según surge del expediente, la causa se inició en diciembre de 2024 a partir de la denuncia de una mujer que había recurrido al abogado tras finalizar una relación laboral de dos décadas. Luego de enviar una carta documento y participar en audiencias ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) sin acuerdo, el letrado le hizo firmar en 2018 lo que supuestamente era una demanda judicial.
Sin embargo, el paso del tiempo comenzó a generar sospechas. Durante años, la clienta consultó por el estado del expediente y recibió respuestas evasivas. El abogado llegó a afirmar que el caso estaba en trámite, que había novedades pendientes e incluso que existía expectativa de cobro.
Pandemia o lentitud judicial: las excusas
Los mensajes de WhatsApp incorporados a la causa resultaron clave: en ellos, el abogado sostenía la ficción del juicio en curso, evitaba dar el número de expediente y atribuía las demoras a factores externos, como el funcionamiento de los tribunales o incluso la pandemia.
La situación se extendió hasta 2024, cuando la mujer comprobó que nunca se había iniciado ninguna acción judicial. Al confrontarlo, el abogado reconoció el hecho y le ofreció una compensación económica, que fue rechazada.
Para los jueces, la maniobra encuadra en el delito de estafa, ya que el acusado “mantuvo en la damnificada la creencia de que el proceso se encontraba en trámite”, abusando de la relación de confianza preexistente.
Pérdida del reclamo laboral
El tribunal también destacó que el engaño no solo implicó una mentira, sino que provocó un daño concreto: la pérdida de la posibilidad de iniciar el reclamo laboral en tiempo oportuno, debido a la prescripción de la acción.
En ese sentido, los camaristas señalaron que el perjuicio patrimonial en casos de estafa puede incluir la frustración de expectativas legítimas, como la chance de cobrar una indemnización laboral.
La defensa del abogado había argumentado que la situación se originó en la pérdida de la documentación durante una mudanza y que el profesional entró en pánico, lo que demoró la explicación a su clienta. Sin embargo, la Cámara consideró que esas explicaciones no lograron desvirtuar la prueba reunida.
Con este fallo, el tribunal confirmó el procesamiento y dejó el caso en condiciones de avanzar hacia el juicio oral.