La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG).
La medida había sido dispuesta en primera instancia por el juez federal de esa ciudad, Hernán Viri, a pedido del fiscal federal Pedro Rebollo. Se ordenó hacer cesar los daños y riesgos al ambiente y a la salud de la población.
Los camaristas Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez coincidieron con la postura del fiscal general José Ignacio Candioti que intervino ante esa instancia. Rechazaron las apelaciones presentadas por tres de los integrantes de la Comisión Administradora del PIG y por el presidente de la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), contra la decisión del juez de primera instancia.
El caso
La causa se inició en julio de 2025 por una denuncia de vecinos del barrio Don Pedro, de esa ciudad entrerriana. Advirtieron que la planta del PIG vertía efluentes, provenientes de las industrias ubicadas en el predio, hacia el río Gualeguaychú, sin el correspondiente tratamiento.
La investigación recayó en la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, a cargo Rebollo.
Se dispuso el allanamiento del PGI, para extraer muestras de agua y determinar su eventual contaminación.
De la muestra obtenida el 27 de agosto de 2025, se detectaron valores por fuera de los parámetros establecidos en el decreto reglamentario N°5837/91 de la Ley 6.260 de la provincia de Entre Ríos y el decreto reglamentario N°831/93 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Advirtieron presencia de plomo y bacterias como la escherichia coli, perjudiciales para la salud.
El 19 de noviembre de 2025, a instancias de la fiscalía, el juez ordenó un nuevo allanamiento en el predio y la toma de muestras.
También, el 9 de junio pasado se obtuvieron nuevas muestras en el ingreso del barrio Don Pedro.
Su análisis reveló nuevamente la presencia escherichia coli, aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc. Todas sustancias que son altamente peligrosas para la salud de la población.
El 13 de febrero y 23 de abril pasado, se celebraron dos audiencias públicas entre los vecinos afectados y las autoridades del predio. Llegaron a un acuerdo sobre un plan de acción que hiciera cesar los efectos nocivos para el medio ambiente y la comunidad.
En el segundo encuentro, el MPF solicitó la clausura de la planta. Consideró que los plazos para la realización de las obras de acondicionamiento propuestas oportunamente no se habrían respetado por parte de la CODEGU y de los responsables del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), adhiriendo a la petición de los vecinos del barrio Don Pedro.
El 14 de agosto pasado, el fiscal Rebollo solicitó la indagatoria de trece personas. Se trata de integrantes de la Comisión Tripartita Administradora del PIG y el Consejo Superior de la CODEGU.
El fiscal consideró que mantuvieron “una conducta sostenida y sistemática de infracción a las normas ambientales vigentes, en particular aquellas referidas al manejo de efluentes líquidos industriales”.
Asimismo, pidió la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes del PIG, dado que el establecimiento tenía “diversos problemas en su funcionamiento que, a pesar de las obras realizadas desde el mes de abril de 2025, no se encuentran finalizadas en su totalidad”.
Agregó también que el Certificado de Aptitud Ambiental del predio —emitido por la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, el 15 de noviembre de 2019— se encontraba vencido.
El 24 de agosto pasado, el juez Viri dispuso la clausura preventiva de la planta para hacer cesar los daños y riesgos al ambiente y la salud humana”. Ello hasta tanto se acredite que los mismos sean tratados de forma adecuada con los valores ajustados a la normativa vigente.
La decisión fue apelada. El 16 de septiembre pasado, el fiscal general Candioti dictaminó que debía confirmarse la medida cautelar dispuesta por el juez.
Consideró probado “de forma fehaciente y mediante pruebas científicas el daño ambiental en la zona del Parque Industrial de Gualeguaychú, en al menos, tres oportunidades”
Señaló que se “detectó un alto grado de contaminación biológica y presencia de sustancias altamente infecciosas o potencialmente nocivas para la salud y la vida de los ciudadanos de Gualeguaychú, principalmente, los habitantes del barrio Don Pedro”, lindero a la planta.
La decisión de la Cámara
Los camaristas Busaniche y Gómez rechazaron los planteos de las defensas y confirmaron la decisión del juez de primera instancia que dispuso la clausura preventiva de la planta “hasta tanto se acredite que los vertidos que de ella provienen sean tratados de forma adecuada con los valores ajustados a la normativa vigente”.
En su voto, al que adhirió su colega el juez Busaniche, destacó que las “pruebas de carácter científico y técnico ponderadas por el Magistrado en la resolución apelada, dan cuenta, por el momento, de la existencia de un daño ambiental concreto y persistente en la zona de influencia del Parque Industrial Gualeguaychú, circunstancia que justifica la clausura dispuesta”.