La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso declarar días inhábiles del 16 al 31 de marzo próximo por la pandemia de coronavirus. Es decir, evitó establecer la feria judicial pero no correrán plazos procesales para presentaciones como contestar demandas o apelar resoluciones. Además suspendió la atención al público.
La excepción estará dada por cuestiones consideradas urgentes, que no admitan demoras, donde las partes podrán pedir la habilitación de días y horas inhábiles.
Tampoco habrá obligación de concurrencia para los empleados, a quienes se licenció con goce de haberes. Se mantendrán guardias para cuestiones urgentes cubiertas de manera prioritaria por magistrados y funcionarios judiciales.
Además se dispuso una licencia voluntaria con goce de sueldo para madres, padres o tutores, padres adoptantes o encargados de cuidar a los chicos durante el cierre de las escuelas ordenado por el Gobierno Nacional.
Este fue el resultado de un arduo debate interno que se prolongó casi todo el lunes 16. Con el correr de las horas desde los tribunales inferiores llegaba un mensaje claro: comenzaron a tomar sus propias decisiones para disminuir el riesgo de contagio, ante la falta de respuesta del máximo tribunal del país.
Al igual que lo decidido poco antes por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que determinó asueto, esta resolución de la Corte suspende términos procesales para los nueve días hábiles que restan del mes.
Esto complementa el cuadro que se planteó tras la suspension de audiencias presenciales en el fuero laboral nacional, lsa restricciones a la presencia de personal e ingreso al fuero federal de Comodoro Py 2002 resueltas por la Cámara Federal de Casación y los reclamos desde asociaciones de magistrados y el gremio judicial por el peligro de contagio que deriva de las condiciones de trabajo y edilicias en la Justicia argentina.
La Corte respondió así en concreto a un planteo del Cólegio Público de Abogados, al que luego se sumaron otros sectores.
En estos días de virtual parálisis judicial uno de los focos urgentes quedará puesto en las denuncias abiertas a quienes violen la cuarentena obligatoria por la pandemia.
Fiscalías y juzgados comenzaron a recibir denuncias sobre personas que estarían violando la cuarentena de 14 días dispuesta por el gobierno nacional para quienes regresen al país desde las zonas afectadas de circulación del virus. En algunos casos se han dictado desde aprehensiones domiciliarias hasta indagatorias y embargos preventivos.
Uno de los casos que cobró trascendencia fue el del preparador físico y personal trainer Miguel Ángel Paz, imputado por las lesiones a un vigilador privado de un edificio en Olivos, Vicente López. El guardia advirtió al acusado sobre incumplimiento de su cuarentena tras volver el jueves 12 de marzo de Estados Unidos, uno de los países de riesgo.
El video del ataque se viralizó por las redes sociales. No solo se labró el caso por lesiones sino que además se abrió un expediente en la justicia federal por el artículo 205 del Código Penal que reprime con pena de hasta dos años de prisión al que viola las disposiciones dictadas por las autoridades competentes para evitar la propagación de una epidemia.
También se conoció el caso en el que un juez federal de Campana llamó a indagatoria y embargó preventivamente en 400 mil pesos a un ciudadano chino que regresó de ese país el 10 de marzo y no cumplió con la normativa de no salir de su domicilio. Se trata de un supermercadista que no solo se reintegró a sus tareas habituales, sino que además, luego de tomar contacto con su hija, la envió al colegio.
En tanto, la línea telefónica del gobierno de la Ciudad 147 registró numerosas denuncias de vecinos que alertaban sobre personas que volvieron de países de riesgo y que no estarían cumpliendo la cuarentena obligatoria.
Además se descuenta que los juzgados tendrán que resolver pedidos de excarcelación de detenidos que sean considerados parte de los grupos de riesgo.