La justicia federal de San Isidro suspendió por 90 días las talas, desmontes y destrucción de muelles y accesos al barrio “Parque Guazú Nambí”, en el partido bonaerense de Tigre
El eje de la disputa pasa por la construcción de un barrio privado, habilitación, impacto ambiental que tendrá en el lugar el emplazamiento y en las inmediaciones.
También si podría “generar consecuencias perjudiciales y afectar bienes jurídicos protegidos”, advirtió al tomar esa decisión la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
Por todo ello estimó “prudente” dictar la medida cautelar por tres meses a pedido de la fiscalía que interviene en el caso, a cargo de Federico Iuspa.
Consecuencias irreversibles
Si se sigue adelante con las obras los efectos negativos podrían ser “irreversibles en el ambiente y en consecuencia en la calidad de vida de la población lindante (en lo inmediato) y en general”
Es necesario detener las obras hasta que “se tenga acreditado fehacientemente que aquéllas cumplen con la normativa vigente”
“La prohibición de innovar sobre el predio afectado se presenta como el medio más idóneo para garantizar que, de manera efectiva, se producirá la suspensión de toda obra hasta tanto se disipe a ciencia cierta qué se construirá en ese lugar”, agregó la magistrada
Y una vez que esto se sepa determinar “si cuenta con todos los permisos y habilitaciones pertinentes, pues de no poseerlos y permitir que continúen con la ejecución del plan (por ejemplo hasta recabar la documentación de los distintos organismo), podría generar consecuencias de imposible reparación o reconstrucción”.
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Cómo empezó el caso
La Asociación Civil Unión Delta Argentino (ACUDA) denunció que en las inmediaciones del barrio Parque Guazú Nambí (o Barrio Soeva) en Tigre se desarrollaban obras, talas, desmontes y la destrucción de accesos al lugar, a fin de construir un barrio cerrado.
Ese accionar afectaría el medio ambiente, el sistema de humedales del delta y a los vecinos de la zona, reportaron.
Además, ACUDA indicó que las autoridades de la Municipalidad de Tigre habrían incurrido en maniobras irregulares para desafectar bienes del dominio público provincial -la calle Mariscal Antonio Sucre- y nacional -el puente vehicular y peatonal que cruza el Arroyo Guazú Nambí-.
También mencionaron un embarcadero construido por el Ejército Argentino, para su venta a particulares, sin recurrir a los procedimientos establecidos por ley, según consigna el sitio fiscales.gob.ar de la Procuración General de la Nación.
Los denunciantes también señalaron que los vecinos del barrio Parque Guazú Nambí no tuvieron acceso a los planes del emprendimiento inmobiliario ni de los estudios de impacto ambiental, social, hidráulico, cronograma de obras ni se los convocó a las audiencias públicas correspondientes.