La Justicia Civil y Comercial Federal condenó a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a indemnizar con más de $10,6 millones a una vecina de la Ciudad de Buenos Aires que durante años sufrió desbordes cloacales, filtraciones y pérdidas de agua que afectaron gravemente un inmueble de su propiedad en el barrio de Mataderos.
La sentencia fue dictada por el juez subrogante Marcelo Gota, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal 6, quien además ordenó a la empresa realizar de manera inmediata las obras necesarias para reparar los caños cloacales que originaron los daños y evitar que continúen produciéndose. Se trata de un fallo de primera instancia que podría ser apelado.
Contaminación, mal olor y alquiler imposible
La demanda había sido promovida por la propietaria de un inmueble ubicado en Mataderos, quien denunció que padeció por años reiterados desbordes de aguas servidas provenientes de la red pública. Según relató, los derrames afectaban tanto el interior de la propiedad como la vía pública, generando contaminación, malos olores, deterioro edilicio y la imposibilidad de alquilar el predio.
Durante el proceso, AySA negó responsabilidad y sostuvo que los problemas podían obedecer a causas ajenas a la empresa. También intentó desligarse de los hechos más antiguos argumentando que algunos reclamos se remontaban a años previos a la creación de la compañía en 2006. Sin embargo, el magistrado rechazó esos argumentos.
Las pericias
Uno de los elementos centrales de la causa fueron las pericias técnicas realizadas sobre el inmueble y sobre la infraestructura cloacal.
El ingeniero designado en el expediente concluyó que los desbordes respondían a deficiencias de la red pública y que las tareas de mantenimiento correspondían exclusivamente a la empresa prestadora. También determinó que una importante pérdida de agua había saturado el suelo, provocando hundimientos en el acceso vehicular y riesgos para los cimientos de la propiedad.
A su vez, la pericia informática reveló la existencia de numerosas órdenes de trabajo emitidas por AySA entre 2019 y 2022 para atender taponamientos y desbordes en la zona, lo que, según el fallo, evidenció que la empresa conocía la situación y que las intervenciones realizadas resultaron insuficientes para resolver el problema de manera definitiva.
Para el juez, quedó acreditado que los trabajos efectuados por la compañía fueron meramente paliativos y que no lograron impedir la reiteración de los episodios denunciados.
Lucro cesante y daño moral
La sentencia reconoció distintos rubros indemnizatorios.
Entre ellos se incluyeron los gastos de reparación del inmueble, las consecuencias derivadas de la pérdida de agua provocada por una rotura en la vía pública y una indemnización por lucro cesante debido a la imposibilidad de alquilar el predio durante el período en que persistieron los desbordes.
El magistrado consideró probado que, tras la rescisión de un contrato de locación, la propietaria no pudo volver a explotar comercialmente el inmueble por las condiciones generadas por los derrames cloacales. Por ese concepto fijó una indemnización de $5 millones.
También reconoció $3 millones por daño moral al entender que la afectada atravesó años de angustia, incertidumbre y frustración frente a la falta de soluciones definitivas, pese a los reiterados reclamos realizados ante la empresa y distintos organismos de control.
Notoria desatención
Además, el fallo aplicó una multa civil de $2 millones en concepto de daño punitivo, es decir, una multa ejemplificadora para evitar reiteración de hechos como el analizado.
El juez sostuvo que AySA incurrió en una conducta de “notoria desatención” frente a los reclamos de la usuaria, ya que si bien intervino en varias oportunidades nunca brindó una solución definitiva para evitar la propagación y agravamiento de los daños.
La resolución destacó que la compañía tenía la obligación de mantener adecuadamente la red cloacal y que no acreditó ninguna circunstancia que permitiera eximirla de responsabilidad.
En total, la condena asciende a $10.659.764,65 más intereses calculados a la tasa activa del Banco Nación desde marzo de 2022 hasta el efectivo pago, además de las costas del juicio.
El fallo también ordenó a AySA ejecutar las obras necesarias para reparar definitivamente la infraestructura cloacal que afecta al inmueble y evitar nuevos episodios de contaminación y deterioro.